La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) de Extremadura ha pedido al Ejecutivo regional que busque «otras alternativas» para que el personal de Tragsatec no sea despedido.
El sindicato ha realizado esta petición después de que el Tribunal Supremo haya declarado «ajustado a derecho» el Procedimiento de Despido Colectivo (PDC) de la empresa pública, invalidando las argumentaciones que llevaron a la Audiencia Nacional a anular este procedimiento.
Así, señala la federación sindical que tras «el infructuoso periodo de consultas» del PDC iniciado el 17 de octubre de 2013, el 29 de noviembre la Tragsatec resolvió, «como única medida», el despido a nivel nacional de 610 trabajadores de una plantilla de alrededor de 4.000 personas.
Esta medida supondría el despido de 86 trabajadores en Extremadura, de los cuales ya se ha iniciado el procedimiento de 59 de ellos, según ha informado FSP-UGT en nota de prensa.
Ante esta situación, el sindicato ha instado a la Junta de Extremadura a que «si finalmente la empresa lleva a cabo los despidos», valore la posibilidad de «reubicar a los trabajadores despedidos en la empresa pública GPEX», aunque FSP-UGT ha señalado que «con voluntad política y una gestión adecuada de la empresa no sobran puestos de trabajo».
Y es que, según señal la federación sindical, las «principales encomiendas» que la Junta de Extremadura encarga a Tragsatec «tienen que ver con la Sanidad Animal, entro de programas de erradicación de enfermedades animales de ámbito nacional y europeo, que supone un «elemento clave tanto en la economía extremeña como en la salud pública», por lo que alerta de que «la pérdida de puestos de trabajo influiría negativamente en una adecuada ejecución de dichos proyectos».
Finalmente, considera FSP-UGT que «con voluntad política y una gestión adecuada de la empresa no sobran puestos de trabajo en Tragsatec Extremadura».
