El PP de Cáceres pide al PSOE que cese de manera inmediata a la alcaldesa de Aliseda

   El vicesecretario de Política Municipal del PP de Cáceres, Juan Luis Rodríguez, ha pedido al PSOE que «cese de manera inmediata» a la alcaldesa de Aliseda, Claudia Moreno, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía que la inhabilita para ocupar un cargo público durante 15 años por un delito de prevaricación urbanística.

Rodríguez recuerda que este caso se suma al de Plasencia y destaca, que «no es la primera vez que el PSOE se ve envuelto en una caso donde se condenen de manera severa a varios de sus cargos públicos», informa en nota de prensa el PP.

   Así, recuera que a lo largo de estos años, el PP ha venido denunciando las «supuestas irregularidades que los socialistas estaban llevando a cabo, y el PSOE no hizo nada al respecto» por lo que piden al secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Morales, que «deje de lanzar balones fuera», que «cese de manera inmediata a Claudia Moreno», y que «ponga orden dentro de las filas de su partido para no volvernos a encontrar en una situación parecida a ésta o la de Plasencia».

   Los ‘populares’ no entienden «cómo el PSOE ha permitido que Moreno siguiera al frente de la Alcaldía cuando estaba negociando su condena», por lo que «supuestamente desde un primer momento la alcaldesa socialista estaba reconociendo su delito», y afirman que «los problemas internos del partido socialista no puede trasladarse a los vecinos ni al municipio».

   Para el PP esta «condena» demuestra que los alcaldes no pueden saltarse la Ley y que «la justicia es igual para todos, independientemente de que desempeñes la función de cargo público o no».

   Por último, el vicesecretario de Política Municipal del PP de Cáceres ha afirmado que «los populares van a trabajar para que Aliseda recupere la estabilidad, intentado que esta situación no afecta de manera negativa ni al municipio ni a sus vecinos».

   Cabe recordar que la alcaldesa de Aliseda (Cáceres), Claudia Moreno, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía a través del cual será inhabilitada para ocupar un cargo público durante 15 años por lo que deberá dejar su puesto de regidora municipal una vez se haga firme el acuerdo, que tiene que ser ratificado por la Audiencia Provincial.

   El delito que habría cometido es de prevaricación urbanística ya que durante los años 2006 y 2013 se promovió en el municipio la construcción de varias viviendas en Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y suelo no urbanizable.

   Además, deberá pagar también una multa de 7.500 por este delito de prevaricación en materia urbanística. Con este acuerdo la actual alcaldesa socialista evita acudir a un juicio oral en el que el Ministerio Fiscal solicitaba una pena de dos años y medio de prisión.