Navarro: hay 40 millones no disponibles en sus cuentas en concepto de deuda histórica

El consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro, ha reconocido que en los presupuestos de la comunidad autónoma existen 40 millones de euros en inversiones que «no están disponibles» para su gasto, y que corresponden al «anticipo a cuenta del cobro de la deuda histórica» para 2016.

Estos 40 millones de euros no están disponibles porque el Gobierno de España, tras conocerse el déficit de la comunidad autónoma en 2015, exigió a la Junta de Extremadura «la no disponibilidad» de esta dotación económica, por lo que el Ejecutivo regional aplicó «el principio de cautela» para no gastar dicha dotación.

De esta forma lo ha explicado el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, en una comparecencia en el pleno de la Asamblea de Extremadura a petición del Grupo Parlamentario Popular para informar sobre los motivos y las consecuencias para la inversión que se van a derivar del acuerdo de no disponibilidad de 40 millones de euros.

El consejero ha manifestado que la Junta presupuestó en el primer borrador de las cuentas 40 millones de euros de ingresos a cuenta del protocolo con la Administración General del Estado, que iba a destinar una dotación de 120 millones de euros en inversiones realizables dividida en tres años.

Después de que el PP y Podemos votasen ‘no’ a los presupuestos, la Junta comenzó con el segundo proyecto de presupuestos, donde se incluyó la dotación de 40 millones de euros como «anticipo a cuenta del cobro de la deuda histórica» para la anualidad 2016, aunque se introdujo un «principio de cautela».

José Luis Navarro ha señalado que esos 40 millones de euros «ya estaban condicionados», por lo que tras el acuerdo con el Gobierno de España para declarar esa dotación «no disponible» no se ha introducido «ninguna condición nueva», aunque ha añadido que la Junta de Extremadura no renuncia a esos ingresos.

PRINCIPIO DE PRUDENCIA

José Luis Navarro ha señalado que el gobierno de la Junta de Extremadura ha aplicado el «principio de prudencia» con los 40 millones de euros, ya que los responsables públicos tienen que presupuestar gastos cuando son «posibles» e ingresos «cuando son seguros».

Asimismo, el consejero ha señalado que el PP, en la confección de los presupuestos autonómicos de 2015, aplicó «la imprudencia y el electoralismo», ya que «además de subir los ingresos», rebajó la partida de gasto, por lo que las cuentas «no eran realizables».

En la misma línea, ha manifestado que los ingresos «inventados no se suelen materializar», y que si esta situación se hubiese dado en una empresa privada, al responsable lo ponen «de patitas en la calle».

«ALTAMENTE IMPROBABLE» CUMPLIR EL DÉFICIT

A su vez, el PP ha justificado la petición de comparecencia del consejero de Economía e Infraestructuras porque, según ha explicado el diputado ‘popular’ Víctor del Moral, existe un acuerdo de no disponibilidad de 40 millones de euros que están presupuestados en las cuentas autonómicas.

Igualmente, Del Moral ha manifestado que la AIReF, en su informe del pasado 8 de junio, considera «altamente improbable» que Extremadura cumpla con las previsiones de déficit, ya que hay 170 millones de euros más de gastos que de ingresos, y la región en «tan sólo cuatro meses cuadriplica» el déficit medio del resto de comunidades autónomas.

Así, el diputado ‘popular’ se ha preguntado que «si está todo paralizado», en que se están gastando el dinero, porque las inversiones en 2016 en Extremadura son «las más bajas de la historia», ya que en las cuentas de este años hay un «recorte» del 3,2 por ciento, por lo que la economía regional dispone de 307 millones de euros menos para inversiones.

Además, ha incidido en que «las cosas han empeorado» con los 40 millones de euros que se han declarado no disponibles, por lo que «aún no» se sabe «el roto» que va a suponer estos millones.

EXPLICACIONES «SUFICIENTEMENTE CLARAS»

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Celestino Vegas ha señalado que las explicaciones de José Luis Navarro han sido «suficientemente claras», y ha añadido que «ese dinero no se va a perder».

Además, Celestino Vegas ha añadido que el PP durante la última legislatura «aumentaron los ingresos sin justificación», por lo que «no hay mayor demagogia que mentir».

El diputado ‘socialista’ ha pedido al PP que no «vengan a dar lecciones» ni a «sacar pecho» con que han aumentado las inversiones, porque se les ha «caído la obra».

ES UNA «CORTINA DE HUMO»

A su vez, la diputada de Podemos Jara Romero ha señalado que «la pérdida de ingresos afecta a los campos más sensibles del estado del bienestar» y a las zonas rurales de la región.

Así, Romero ha manifestado que su Grupo Parlamentario no entiende «muy bien» si se contará con los 40 millones de euros o si es una «cortina de humo» para llegar a un acuerdo con el PP para la aprobación de los presupuestos.

Por lo tanto, la diputada de la formación ‘morada’ ha indicado que hace tres meses que se aprobaron las cuentas y que «ya» se sabe que «no se van a cumplir» porque son «unos presupuestos ficticios», y ha añadido que la sensación es que la negociación de los presupuestos para el próximo año «va a volver a repetirse».

Por su parte, en el turno de respuesta, el diputado ‘popular’ Víctor del Moral ha señalado que el déficit en la región hasta abril «está completamente desmadrado».

Además, ha indicado que en 2011 el PSOE «en ningún momento» ayudó al gobierno de José Antonio Monago a salir de al situación, mientras que el PP ahora ha tenido «un espíritu dialogante y de consenso».

Del Moral ha añadido que en el último año, 1.085 personas menos trabajan en el sector de la construcción, por la bajada de la dotación en inversiones en Extremadura.

Además, ha indicado que el PP presentó en los pasados presupuestos «enmiendas cosméticas», por lo que le ha pedido a los ‘populares’ un «poquito de coherencia».

Por último, el consejero José Luis Navarro ha señalado que el gobierno socialista «no va a bajar los impuestos, porque son necesarios para mantener unos servicios públicos de calidad», como la educación, la sanidad o las infraestructuras.