LA CUESTIÓN CATALANA: UN SUJETO POLÍTICO Y JURÍDICO…

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La declaración soberanista de
Cataluña, que Mas y Junqueras esperan aprobar el día 23 en el Parlamento
catalán, y que proyecta un país independiente dentro de Europa, además de
suponer una clara ruptura con el orden constitucional español,  se enfrenta también a la UE, cuyos portavoces
ya han dicho que no pueden asumir legalmente una comunidad escindida de un país
miembro.


            Las reacciones de expertos
constitucionalistas coinciden en que la declaración de CIU y ERC no tiene
reconocimiento por parte del actual marco jurídico, ni encaje en la
Constitución Española. Catedráticos como Artemi Rallo, de Constitucional en la
Universidad Jaume I,  sostiene que la
condición de Estado no se obtiene con  la
autoproclamación, sino con un reconocimiento de terceros, que no se da en este
caso. Luis Aguiar, catedrático de Constitucional en la Universidad Carlos III,
dice que la afirmación nacionalista parte de un error de base: “El pueblo
catalán no puede adoptar ninguna fórmula jurídica, porque jurídicamente no
existe como tal.” La mayoría considera, en fin, como un intento de su voluntad
política ante los ciudadanos, sin consecuencias (véase web de la SER del
11-1-2013).   


            La declaración aprobada por CIU y
ERC no prevé hoja de ruta ni acciones concretas, sino que se limita a plasmar
una reivindicación, sin establecer calendarios ni dar órdenes para ejecutar
acciones, y amplía, por lo demás, resoluciones a favor del derecho de
autodeterminación, ya aprobadas por el Parlamento anteriormente en el sentido
de la posibilidad de crear un Estado propio.


            Por lo demás, la Declaración del
bipartito catalán se abre con “declarar la soberanía del pueblo de Cataluña
como sujeto político y jurídico, iniciando el proceso para hacer efectivo el
ejercicio del derecho a decidir como plasmación del derecho a la
autodeterminación de los pueblos y hacer efectiva la voluntad de constituir
Cataluña en un nuevo Estado dentro del marco europeo”.


            Aunque los partidos proponentes de
la Declaración cuentan solo con sus votos para sacarla adelante, el Gobierno ya
ha advertido que “no puede negociar sobre la Constitución”. El PSC apuesta por
el “derecho a decidir”, pero no por la independencia. PP se opone rotundamente,
al considerar el texto “ilegal” y “antidemocrático”. “Si el debate se centra en
el derecho a decidir, no habrá salida”, dijo ayer sábado Rubalcaba ante el
Comité Federal del PSOE.


            El “derecho a decidir” nos retrotrae
al “ámbito vasco de decisión” que defendía Ibarretxe, quien propugnaba la “libre asociación” entre el País Vasco y
España, la soberanía compartida y el derecho de autodeterminación, y que
ofertaba como una tercera vía entre las posturas constitucionalistas del PP y
el PSE-EE-PSOE y el independentismo de EH y la organización terrorista. Pasado
el primer trámite en el Parlamento vasco, el lehendakari se presentó ante el
Congreso de los Diputados de la nación para defenderla el 1 de febrero de 2005,
y logró una clamorosa derrota: 313 votos en contra (PSOE, PP, IU, Coalición
Canaria y Chunta Aragonesista); 29 a favor (PNV, EA, Nafarroa Bai, CIU, ERC y
BNG) y  2 abstenciones (IU-V). El rechazo
del Congreso llevó al lehendakari a convocar elecciones el 17 de abril de 2005,
como si se tratase de una consulta plebiscitaria.


            Ya el pasado 2 de octubre de 2012,
los independentistas catalanes presentaban en la Comisión Constitucional del
Congreso una proposición no de ley en la que solicitaban la restitución de los
derechos históricos de Cataluña y su soberanía nacional, la derogación del
decreto de Nueva Planta de 1715 y la creación de una comisión
Gobierno-Generalitat para negociar las repercusiones pertinentes. El resultado
de la votación fue de 37 votos en contra (PP, PSOE y UP y D) y 4 a favor (ERC,
CIU y PNV).


            Un diputado español del PP, digno
sucesor de su antecesor del mismo nombre, que fuere ministro de la Gobernación en
el último gobierno de la Regencia de Espartero y ministro de Gracia y Justicia
durante el reinado de Isabel II, Pedro Gómez de la Serna, diputado popular por
Soria, pronunció un impecable discurso en el que echó para atrás los débiles
argumentos catalanistas, y que pasó inadvertido por las manifestaciones de
aquellos días y porque TVE no dio referencia alguna en sus informativos.
Argumentó el diputado –señalaba– lo insólito de pedir lo que no está vigente
(los decretos de Nueva Planta); señaló que la propuesta llegaba a la Cámara con
300 años de retraso, lo que resultaba una tomadura de pelo. Sobre la supuesta
soberanía de Cataluña suprimida por Felipe V, recalcó que Cataluña nunca fue
soberana; subrayó que Cataluña nunca existió como nación o Estado, porque en
1700 no existía el concepto de nación. En 1700, Cataluña era un Principado con
instituciones propias, pero integrado en la Corona de Aragón. En cuanto a la
nueva planta, un historiador poco sospechoso y solvente como Vicens Vives decía
que fue un desescombro que obligó a los catalanes a mirar hacia el porvenir y
Ferrán Soldevilla dice que, gracias a la nueva planta, comenzó el resurgimiento
de una Cataluña agotada y deprimida. Está claro que aquello no fue una guerra
de secesión, sino de sucesión, y el mayor apoyo del candidato de la Casa de
Austria fue el Almirante de Castilla, no un catalán. Cuando Felipe V se casa en
la catedral de Barcelona se produce una eclosión de panegíricos de poetas
catalanes como Joan Bac o Ramón Costa a favor del rey. Gómez de la Serna
sostuvo como “afirmación absolutamente inconcebible” la incorporación de
Cataluña mediante el derecho de conquista y, sobre el derecho de
autodeterminación, afirmó que Cataluña nunca fue soberana, “tampoco ahora lo
es, no es sujeto de derecho internacional, ni de poder constituyente”, ni lo
hubiere. Finalmente, sobre el manido asunto del expolio, recordaba que no son
los territorios los que tributan, sino las personas. Como dijere Rodríguez Ibarra
hace años, “tener dos lenguas no significa tener dos bocas para comer más”. Y a
Mas, político de ideología liberal y nacionalista, como a Durán i Lleida,
democristiano de ideología conservadora, parece habérseles ido de las manos su
“senda soberanista”. “La verdad, señorías, es que al margen de la ideología de
cada cual, después de escuchar los disparates que hemos escuchado hoy aquí, a
uno no le extraña que el 51 por ciento de los catalanes se abstuviera en el
referéndum del Estatuto y que el 5 por ciento votara en blanco.” Así iniciaba
su discurso Gómez de la Serna el 2 de octubre. Y no hay “ámbito vasco ni
catalán” de decisión alguno, porque  “la
soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los
poderes del Estado” (artículo 1.2 de la Constitución Española de 1978).


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