Catalunya y Madrid pueden estar cobrando de manera ilegal la tasa del euro por receta. Pero mientras el Tribunal Constitucional dirime la legalidad de la medida, ambas administraciones han dejado ya claro que la recaudación obtenida seguirá en las arcas públicas y no en los bolsillos de los pacientes que las están pagando. Ninguna de las dos pretende devolver el dinero salvo orden expresa del Constitucional, lo que significa que engordarán sus arcas con unos fondos que a fecha de hoy pueden rondar los 55 millones de euros y con los intereses que generan.
La cuantía ronda los 50 millones de euros en Cataluña y los 4,3 en Madrid, según estimaciones de Sanidad. Pese a que no es una cuantía que dé la vuelta a la contabilidad pública, la cuestión es en qué cuenta debería estar mientras se resuelve la causa, es decir, a quien debería dar réditos ese dinero: si a las administraciones que pueden estar pagando una tasa potencialmente ilegal o a los pacientes que adelantan esos fondos sin la certeza jurídica de su valor.
Según estimaciones de Sanidad, las dos administraciones pueden haber recaudado, de momento, unos 55 millones de euros:
- Cataluña implantó la medida el 23 de junio del año pasado. En sus primeros tres meses, el Servei Català de Salut (CatSalut) explicó que un 17% de las recetas expedidas en ese periodo no pagaban el euro por receta por ser medicamentos con un precio inferior a 1,67€ o porque se emitían para alguno de los 127.000 enfermos exentos. En su primera contabilidad, CatSalut cifró en 34,6 millones de euros lo recaudado a primeros de noviembre y en 50 millones de euros su previsión de ingresos al cierre de 2012.
- Madrid, por su parte, comenzó a cobrar el euro por receta el uno de enero con un sistema informático que no está todavía plenamente operativo y que no permite saber lo recaudado ni si los pacientes han alcanzado ya los 72 euros máximos a partir de los cuales los enfermos quedan exentos del pago. Fuentes de Sanidad estiman que la Comunidad podría recaudar unos 4,3 millones de euros antes de que el Constitucional pueda decretar la suspensión cautelar de la tasa
