El alcalde de Mérida, Pedro Acedo, ha anunciado este miércoles que la Delegación de Personal está estudiando la posibilidad de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el Ayuntamiento de la capital extremeña.
El primer
edil ha manifestado que la eliminación de la paga extra y los ajustes
realizados ya en el capítulo de Órganos de Gobierno no ha sido suficiente para
alcanzar un gasto en personal que el Ayuntamiento pueda permitir.
Es por este
motivo por el que el Equipo de Gobierno continua barajando la posibilidad de un
ERE que en principio afectaría a aquellos trabajadores cuyos contratos están en
fraude de ley. “Podemos pagar lo que tenemos, no lo que no tenemos, y de ahí la
posibilidad que está en estudio de llegar a un acuerdo con aquellos trabajadores que están en fraude de
ley porque hay que reducir la plantilla municipal”, ha apostillado.
Acedo ha
defendido la gestión realizada por todas las Delegaciones del Ayuntamiento en
cuanto al mantenimiento del empleo, en proyectos como el contrato de
Transportes o la Ciudad Deportiva, donde se han mantenido los puestos de trabajo,
así como la negociación con FCC, que a pesar de la reducción de facturas ha
mantenido sus trabajadores y también en el contrato de iluminación, donde no se
generarán más de treinta empleos.
LEY ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acedo ha
valorado positivamente la aprobación esta semana en Consejo de Ministros de la
Ley de Administración Local. Es un hecho, ha asegurado, que ha habido un gasto
público excesivo tanto en el conjunto del país como en el caso concreto de
Mérida.
Por ello, ha
considerado justo que también las administraciones tengan que reorganizarse.
“Es una medida más de reducción del gasto público para ir restando déficit y
deudas; le toca a los Ayuntamientos y es una medida siempre positiva porque se
mira por el ciudadano”.
Donde sí se
está fallando, ha dicho Acedo, es en la puesta en marcha de un nuevo modelo de
financiación local. El proyecto se ha eternizado en el tiempo, tanto que ya se
hablaba de él en la década de los 80 sin que los distintos Gobiernos hayan
conseguido que vea la luz.
El alcalde ha
considerado que esta ley de financiación local debería impedir que cualquier
Consistorio comience a prestar un servicio donde no tiene competencias para
evitar luego que otras administraciones tengan que asumir un coste que no han
autorizado.
