El SEPAD destina 10,7 millones a servicios especializados para personas con discapacidad

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El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) concederá 10.788.840 euros en subvenciones a entidades públicas y privadas sin fin de lucro para la prestación de servicios sociales especializados a personas con discapacidad durante este año, 837.614 euros más que en 2012.

[Img #24657]“El Gobierno
extremeño hace un esfuerzo importantísimo para que la atención a la
discapacidad no se vea afectada por la crisis económica y los recortes
presupuestarios, dado que la atención a este colectivo es prioritaria para el
Ejecutivo”, ha manifestado la directora gerente del SEPAD, Cristina Herrera.


Estas
subvenciones se destinarán a financiar servicios de atención temprana y
habilitación funcional; el mantenimiento o creación de nuevas plazas en centros
residenciales, viviendas tuteladas, centros ocupaciones y centros de día; y el
desarrollo de programas que incidan en la normalización social y laboral de
este colectivo.


Con esta convocatoria,
de la que en 2012 se beneficiaron 33 entidades, se busca garantizar calidad de
vida a las personas con discapacidad que residen en Extremadura, donde se
estima que un diez por ciento de la población sufre algún tipo de discapacidad.


En concreto,
unas 83.000 personas con discapacidad están acreditadas por los Centros de
Atención a la Discapacidad de Extremadura, pero se calcula que la población con
discapacidad en la región se eleva a unas 110.000, un 10 por ciento del total.


NUEVA
REGULACIÓN


Paralelamente
a esta nueva convocatoria de ayudas, el SEPAD ha introducido una serie de
modificaciones en la norma que las regula –el Decreto 260/2012, de 28 de
diciembre- con el fin de garantizar la calidad y profesionalidad en la atención
que se presta a las personas con discapacidad a través de las entidades que
recibirán las subvenciones, así como de evitar duplicidades.


De este modo,
todos los servicios financiados con cargo a esta orden deberán contar con la
debida autorización administrativa, que antes sólo se exigía a los servicios de
atención temprana y habilitación funcional, dejando fuera a los centros
ocupacionales, los centros de día, los centros residenciales y las viviendas
tuteladas.


Se ha
modificado también el coste máximo de las plazas a financiar para cada tipo de
servicio y perfil de usuario, con un aumento que, en líneas generales, se cifra
en el dos por ciento y que, que en algún servicio, llega a ser incluso del
veinte por ciento.


En concreto,
la asignación para el servicio de atención temprana aumenta un dos por ciento,
así como la asignación por plaza en las residencias de apoyo limitado, en
viviendas tuteladas y en las residencias de apoyo extenso.


Este
incremento se eleva al veinte por ciento en el caso de las plazas en
residencias de apoyo extenso que atienden a personas con trastorno de autismo y
personas con parálisis cerebral con un grado de discapacidad superior al 75 por
ciento.


PROGRAMAS
DE NORMALIZACIÓN


Asimismo, se
han introducido modificaciones en las ayudas que se conceden para la ejecución
de programas que incidan en la normalización de las personas con discapacidad y
que promuevan su autonomía personal con el fin de garantizar su calidad
técnica, que sean ejecutados por el personal adecuado y necesario y que la
subvención concedida se destine al fin establecido.



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