El juicio queda visto para sentencia: David Sánchez se enfrenta a seis años de prisión y Gallardo denuncia una “condena social”
Nueve sesiones, más de 40 testigos y un pulso judicial y político que ya marca una época en Extremadura
Redacción DEx, Badajoz, Tribunales, 9 de junio de 2026.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha dejado visto para sentencia uno de los procedimientos judiciales más mediáticos de los últimos años en Extremadura. Tras nueve sesiones de juicio oral y la declaración de más de cuarenta testigos, peritos y agentes de la Guardia Civil, el tribunal deberá decidir ahora si existieron irregularidades en la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz.
En el banquillo se han sentado once acusados, entre ellos David Sánchez y el expresidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo. La causa gira en torno a la creación y adjudicación en 2017 del puesto de coordinador de los Conservatorios Provinciales, así como al posterior nombramiento de Sánchez en 2022 como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
Durante las últimas semanas, la sala ha escuchado testimonios contradictorios sobre el origen, la necesidad y el procedimiento seguido para cubrir ambos cargos. Mientras las acusaciones populares sostienen que existió una operación diseñada para favorecer al hermano del presidente del Gobierno, las defensas han defendido la plena legalidad de todos los trámites administrativos.
Las acusaciones endurecen su ofensiva
El tramo final del juicio ha estado marcado por el endurecimiento de las peticiones de condena formuladas por las acusaciones populares, integradas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa, Liberum, además de los partidos PP y Vox.
Para David Sánchez solicitan seis años de prisión, multas económicas equivalentes al doble del supuesto beneficio obtenido e inhabilitación para contratar con el sector público durante una década.
Aunque el delito de aceptación de cargo ilegal quedó fuera del procedimiento al considerarse prescrito, las acusaciones mantienen que los hechos podrían encajar en delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
La tesis acusatoria sostiene que la plaza fue diseñada específicamente para favorecer a Sánchez y que posteriormente se adoptaron decisiones administrativas encaminadas a consolidar su situación dentro de la institución provincial.
Gallardo, señalado como pieza clave
Miguel Ángel Gallardo ha sido situado por las acusaciones en el centro de las decisiones administrativas investigadas.
Los acusadores solicitan para el exdirigente socialista cuatro años de prisión y veinte años de inhabilitación por cada uno de los delitos atribuidos.
Según esta versión, Gallardo habría participado de forma directa en decisiones que facilitaron la contratación y posterior evolución profesional de David Sánchez dentro de la Diputación de Badajoz.
La defensa rechaza de forma tajante estas acusaciones y sostiene que todas las actuaciones se ajustaron a los procedimientos legales y administrativos vigentes.
Fiscalía: “No hay pruebas, solo conjeturas”
La posición del Ministerio Fiscal ha sido una de las claves del procedimiento.
Lejos de respaldar la acusación, la Fiscalía ha reiterado durante todo el proceso su petición de absolución para los once acusados.
En su informe final, el Ministerio Público sostuvo que no han aparecido pruebas concluyentes que acrediten la existencia de los delitos investigados y que buena parte de la acusación descansa sobre interpretaciones, sospechas y deducciones.
La Fiscalía considera que no se ha demostrado la existencia de resoluciones arbitrarias ni actuaciones encaminadas a beneficiar ilegalmente a David Sánchez, por lo que entiende que procede la absolución de todos los encausados.
Las defensas coincidieron en esta tesis y denunciaron que la causa ha estado rodeada de filtraciones, ruido político y presión mediática que, a su juicio, no han encontrado reflejo en las pruebas practicadas durante el juicio.
El alegato final de Gallardo
Uno de los momentos más significativos de la última jornada llegó con el turno de palabra concedido a Miguel Ángel Gallardo.
El expresidente de la Diputación defendió su inocencia y la del resto de acusados, asegurando que el proceso ha estado condicionado por motivaciones ideológicas.
Gallardo afirmó que la única culpa de los encausados es “no tener las mismas ideas que la acusación popular” y denunció que durante más de dos años ha sufrido un “juicio paralelo mediático”.
Visiblemente firme en su intervención, lamentó que tanto él como los demás acusados hayan sido, según sus palabras, “condenados socialmente” antes incluso de conocerse una resolución judicial.
Pese a ello, aseguró mantener plena confianza en la Justicia y expresó su convencimiento de que la sentencia demostrará la inexistencia de delito alguno.
La decisión queda ahora en manos del tribunal
Concluidas todas las fases del procedimiento, la atención se traslada ahora a la Sala de la Audiencia Provincial de Badajoz.
Los magistrados deberán analizar miles de documentos, las declaraciones de decenas de testigos y los informes presentados por acusaciones, Fiscalía y defensas para determinar si existió una contratación irregular o si, por el contrario, los nombramientos cuestionados se ajustaron a la legalidad.
La sentencia pondrá punto final a un procedimiento que durante más de dos años ha dominado el debate político extremeño y que ha trascendido incluso al ámbito nacional por afectar al entorno familiar del presidente del Gobierno.
LUPA DEx
Más allá de la resolución judicial, este proceso deja una evidencia incontestable: la enorme dificultad de separar la Justicia de la batalla política cuando los protagonistas ocupan posiciones de relevancia institucional.
Mientras las acusaciones hablan de enchufismo y utilización partidista de las instituciones, la Fiscalía sostiene que no existen pruebas suficientes para sostener tales afirmaciones. Entre ambas posiciones, el tribunal tendrá la última palabra.
CIERRE
El juicio ha terminado. La batalla política continuará. Pero a partir de ahora serán exclusivamente los magistrados quienes decidan si detrás de esta contratación hubo delito o si todo quedó reducido a una de las mayores controversias políticas y mediáticas vividas en Extremadura durante los últimos años.
