El GobEx da un plazo de 48 horas al PSOE para que aporte toda la información sobre la filtración

La vicepresidenta del Gobierno de Extremadura (GobEx), Cristina Teniente, ha dado un plazo de 48 horas al PSOE regional para que ponga a disposición de la propia Administración o de la Policía toda la información de la que dispone sobre la filtración del examen de la ‘ESO de los mil euros’.

Según ha
manifestado Cristina Teniente, o el PSOE dice al Gobierno regional o a la
Policía toda la información que conoce sobre la filtración del examen, o el
Ejecutivo tomará acciones legales contra el diputado socialista, Antonio Gómez
Yuste, que publicó el examen en Facebook.

La vicepresidenta
ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión
del Consejo de Gobierno, en la que también ha hablado la consejera de Educación
y Cultura, Trinidad Nogales.

La primera en
referirse a la filtración del examen de la ‘ESO de los mil euros’ ha sido
Nogales, quien ha informado de que este martes se repite la prueba que se
filtró, y se repite –ha añadido- “principalmente por la irresponsabilidad de
los que tenían el examen y no comunicaron, sino que lo subieron a Facebook”.

En este
sentido, ha reiterado que “sabemos que un diputado del PSOE colgó el examen en
Facebook riéndose, con ello, de los cerca de 2.000 alumnos que hoy se examinan”.
“Estos alumnos están siendo utilizados como arma política” ha sentenciado.

Pero la
titular de Educación ha ido más allá, asegurando que “sabemos que la filtración
ha tenido un claro trasfondo político por parte de una minoría organizada”.

Por ello, ha
manifestado que el Gobierno de Extremadura no va a detenerse hasta identificar
la “mano negra” que ha protagonizado esta acción “irresponsable”. De esta
forma, ha informado de que su departamento ya ha iniciado la investigación
administrativa y legal pertinente, un proceso que “llegará hasta las últimas
consecuencias”.

Dicho esto, Trinidad
Nogales ha aprovechado la oportunidad para insistir en que la Consejería de
Educación y Cultura ha tenido “en todo momento una actuación firme y ajustada a
la legalidad”.