Cuando
los pensionistas extremeños seguían esperando la devolución del
exceso de gasto en el copago farmacéutico, vigente desde julio, así
como el envío de su tarjeta sanitaria –anunciados en rueda de
prensa por el gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES) el
pasado enero-, he aquí que el secretario de Sanidad del PSOE
regional, José María Vergeles, médico de profesión y político de
vocación, descubre, al término del primer trimestre del año, el
porqué de los retrasos en la devolución y por qué las tarjetas
prometidas no llegan.
Vergeles
denunció el pasado lunes 1 de abril que las gerencias de área de
Salud estaban emitiendo notas interiores en las que cambian las
«reglas del juego» a los pensionistas para cobrar el exceso
de pago en el copago farmacéutico, «al exigirles numerosas
fotocopias y documentos» (véase
http://www.psoeextremadura.com/index.php/noticias/625-cuando-lleguemos-al-gobierno-acabaremos-con-las-concesiones-de-los-hospitales-de-don-benito-y-caceres).
En
resumidas cuentas: a los pensionistas con receta electrónica, el
exceso del copago se les devolverá de oficio; pero a quienes aún
reciben las prescripciones facultativas con receta manual, les
obligan a presentar una fotocopia del DNI, un documento de alta a
terceros; original de la factura o tique acreditativo de los gastos
realizados con receta manual, sellado y firmado por la oficina de
farmacia expendedora de los medicamentos, además de las fotocopias
manuales legibles debidamente cumplimentadas.
Nadie
advirtió nunca de que habría que tener los tiques sellados por las
farmacias, aunque muchos los guardaren, ni menos aún que las recetas
manuales también hubieren que guardarse, «legibles y
cumplimentadas», para solicitar la devolución por el exceso en
el copago. Y para saber esto, ha habido que esperar tres meses desde
que se anunciara que se pagaría mes a mes el débito desde julio de
2012 desde enero pasado. Y nada digamos de las 70.000 tarjetas
prometidas que, a lo que parece, a nadie han llegado. Pretender
involucrar a los pensionistas en una trama burocrática para acceder
a lo que por derecho les corresponde, constituye, además de un
engaño manifiesto, una indignidad rayana al nivel de la quita a los
preferentistas o tenedores de subordinadas de la banca. Y, por si
fuera poco, el sistema informático anunciado para no seguir
financiando la Seguridad Social de esta forma, tampoco llega o nadie
desea ponerlo en marcha.
Vergeles
ha sido prudente como político y cauto en poner calificativos en lo
que supone un atropello más «al copago brutal que acaba con la
justicia social», y ha anunciado que su partido estudiará
jurídicamente este cambio de las reglas de juego de la Junta de
Extremadura.
Mientras,
el presidente del Ejecutivo, José Antonio Monago, se ha visto
obligado a convocar un Consejo de Gobierno extraordinario para
estudiar el cierre de los 21 Puntos de Atención Continuada (PAC),
que afecta al 30 por ciento de la población rural extremeña, tras
la sentencia del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, que ha
obligado al ejecutivo de la comunidad vecina a abrir los PAC que
había cerrado, aunque, para él, ambos casos son distintos, porque
allí se actuó sobre los «principales» y aquí sobre los
«accesorios», y echa las culpas de esa terminología
clasificatoria al anterior Ejecutivo. (Véase
http://www.20minutos.es/noticia/1770849/0/).
El
caso es seguir echando balones fuera, aunque el paro llegara en
febrero a 132.411 extremeños, casi 70.00 sin ingreso alguno, según
el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE); aunque la Junta se
guarde los 2,5 millones de euros percibidos por el copago; y aunque
se redacten los concursos para la construcción y explotación de
primera fase del hospital Don Benito-Villanueva y la segunda del
nuevo hospital de Cáceres, lo que conllevaría un traspaso del
personal a las empresas adjudicatarias. Lo más increíble es que el
bipartito PP-IU se negara a aceptar la propuesta de ley en defensa de
la sanidad pública, porque «invadía las competencias del
Ejecutivo». ¿Quién invade aquí a quién: la política de
recortes, y no de reformas, del Ejecutivo, o la dación en pago
diferida, por parte de PP e IU, a su programa de empleo y de las
líneas rojas ya traspasadas a la población más desfavorecida? La
política de recortes, y no la del empleo, parece ser la única para
el PP; y la deserción del debate-debate y lavarse las manos, por
parte de IU, el partido de los «descamisados» y de la
«pinza», o la traición a la clase trabajadora «in
illo tempore»… y en la actualidad.
