Sería el método más rápido para que se esfumara el problema del déficit de las comunidades autónomas y, en parte, el de su endeudamiento. La idea lanzada recientemente por el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, de ceder completamente la gestión del IRPF a las regiones de régimen común (todas menos Navarra y País Vasco), haría que les llovieran, en total, cerca de 27.000 millones de euros (aproximadamente un 3% del PIB) adicionales sobre sus previsiones de recaudación por este tributo elaboradas para 2013.
Se trata de una cantidad de dinero más que suficiente para que todas las autonomías enjugaran los números rojos con los que acabaron 2012, un desequilibrio que, para el conjunto de esta Administración quedó en el 1,73% del PIB.
Ahora bien, el coste para el Estado, al perder todo poder sobre el gravamen que más aporta a las arcas públicas, sería importante, de acuerdo con los expertos.
No en vano una modificación de esa envergadura en el sistema de financiación de las comunidades autónomas implica tomar como modelo el sistema fiscal particular que caracteriza al caso navarro y al vasco, dado que estas dos comunidades ya tienen potestad sobre la totalidad de lo recaudado por el Impuesto sobre la Renta, y para ellas no rige la limitación del 50% que sí está vigente para las demás.
De hecho, el propio García-Margallo reconoció que el sistema foral permitido por la Constitución le sirve de inspiración, ya que abogó por que el Estado limitara su capacidad fiscal al IVA y al Impuesto de Sociedades.
Sólo para los pequeños
Y ahí estriba precisamente el problema de acuerdo con los expertos consultados en la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. Aunque las mencionadas fuentes se cuidan de valorar directamente las palabras del titular de Exteriores, sí que argumentan que «un sistema foral es permisible y no tiene un efecto excesivamente distorsionador cuando su vigencia se restringe a territorios económicamente pequeños, como es precisamente el caso tanto del País Vasco como de Navarra». En el departamento que dirige el consejero Enrique Ossorio, con todo, no se oponen a que la reforma del sistema de financiación autonómica, que forzosamente tendrá que tener lugar este año, baraje un incremento de la cesión del IRPF a las comunidades de régimen común.
Ahora bien, también se muestran muy conscientes de que el tributo que grava las rentas del trabajo tiene un «carácter estructural» para la Administración central y que los cambios que a su gestión afectan son delicados.
Sobre su importancia hablan con claridad las cifras relativas a recaudación. En el último ejercicio cerrado por Hacienda (2012), el IRPF aportó a las arcas públicas prácticamente lo mismo que todos los impuestos indirectos juntos, incluido el IVA. Así, el rendimiento de estos últimos llegó a 71.592 millones de euros el año pasado, poco más de los 70.619 millones que son atribuibles en exclusiva al IRPF.
El tributo que grava los beneficios empresariales, el de Sociedades, tampoco le hace sombra, ya que en un año en el que su rendimiento se ha disparado, debido al adelanto de los pagos fraccionados, sin embargo no ha llegado a 21.500 millones de euros en 2012, de acuerdo con los datos de Hacienda.
Los ganadores
Por otro lado, son meritorias las reservas que muestra la Comunidad de Madrid teniendo en cuenta que, junto con Cataluña, sería la gran beneficiada de que la gestión íntegra del IRPF que se recauda en su territorio cayera en sus manos.
Entre las dos comunidades citadas, acaparan cerca de la mitad de los 30.000 millones de incremento que le llovería al conjunto de las regiones, en el caso de que la propuesta de García-Margallo llegara a materializarse.
En ese caso, cada una de las dos regiones ingresaría casi 20.000 millones derivados del IRPF, si se toman en cuenta las previsiones de recaudación que Madrid ha hecho constar en sus Presupuestos para este año y, en el caso de la Generalitat, la liquidación con la que terminó el ejercicio 2012 (ya que esta comunidad todavía no tiene aprobadas sus cuentas para este año).
Ante expectativas de ingresos tan golosas, no es de extrañar que Barcelona haya sido el defensor más combativo de la idea de que el Estado se desprenda de la gestión del Impuesto sobre la Renta en su totalidad y, para alcanzarla, ha presionado con todas sus fuerzas durante gran parte del pasado año.
Acabar con la «injusticia»
El argumento del presidente Artur Mas se basaba en que, con medidas como ésa, Cataluña dejaría de sufrir el «injusto» trato fiscal que achaca al actual sistema de financiación autonómica.
Con todo, el subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el laboratorio de ideas vinculado al Banco de España, Ignacio Conde-Ruiz, considera que Cataluña «no está maltratada fiscalmente», y que, para encontrar verdaderas anomalías, hay que recurrir precisamente a los fueros tanto del País Vasco como de Navarra.
En consecuencia, el economista se alinea con quienes consideran que tomar modelo de los fueros no es el camino más acertado que puede tomar el Gobierno a la hora de reformar el sistema regional de reparto de recursos, aunque desde Fedea tienen claro que el sistema, en su diseño actual, es pernicioso y urge llevar a cabo cuanto antes su puesta al día.
Las líneas maestras de los cambios están todavía por definirse, tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado en marzo pasado. Con todo la tradición de anteriores reformas pone de manifiesto que los aumentos de los porcentajes de gestión del IRPF casi siempre han sido clave. Así ha ocurrido desde finales de la década de los 80 cuando se decidió, también a instancia de Cataluña. que las regiones debían beneficiarse de una cesión del 15% de ese tributo. Desde entonces, la proporción se ha ido incrementando hasta llegar al actual 50%.
