La Casa Real, camino de la Ley de Transparencia

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El Gobierno va a debatir con las fuerzas políticas cómo incluir en la nueva Ley de Transparencia a la Casa del Rey, pero debido a las particularidades derivadas del hecho de que no se trata de una administración pública más, tendrá un tratamiento similar al de las Cortes o el Poder Judicial. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado hoy en rueda de prensa que hace dos meses que el Ejecutivo mantiene “contactos” con la Casa Real para abordar su inclusión en la nueva normativa, algo que la Jefatura del Estado ve con “buenos ojos” y para lo que tiene “máxima disposición”.

“Llevamos dos meses trabajando activamente con la Casa Real para ello”. Así se refería Soraya Sáenz de Santamaría a la inclusión de la Casa del Rey en la futura Ley de Transparencia. El Gobierno someterá al control los gastos de la Casa del Rey que asumen otros ministerios.

Asimismo, Sáenz ha destacado la “absoluta colaboración y disposición de la Casa Real” en esta materia. Este viernes se conocía la información de que la iniciativa partió del propio Palacio de la Zarzuela, según fuentes de la Casa.

Será el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien se encargue de esta tarea, primero con el grupo parlamentario socialista, ha aclarado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las “particularidades”

Aunque no ha concretado cómo se traducirán las “particularidades” que afectan a la Casa Real en la nueva norma, en tramitación parlamentaria desde el pasado mes de septiembre, sí ha subrayado que su régimen económico viene determinado en la Constitución, concretamente en su título segundo.

“Deberemos ajustar el propio contenido de la Ley de Transparencia a sus propias circunstancias y a lo que la misma Constitución señala en su título segundo”, ha declarado Sáenz de Santamaría.

También ha apuntado que se trata de encontrar “un sistema” de igual manera que debe hacerse para las otras instituciones que no son administraciones públicas; la ley incluye en este ámbito al Congreso, al Senado, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, entre otras.

Se da por descontado, como ya había anunciado el PP en su momento, que los gastos de las Administraciones Públicas que prestan servicio a la Casa Real, como el Ministerio del Interior o el de Exteriores, sí estarán sujetos a la Ley de Transparencia dentro del régimen que les corresponda.

El Estado no pagará la defensa

En cuanto a la imputación de la infanta Cristina, la vicepresidenta se ha mostrado tajante: “No voy a hacer comentarios. No tenemos constumbre de comentar los discursos de la Casa del Rey ni del Príncipe”.

Eso sí, ha asegurado que “la administración general del Estado no va a pagar los gastos de la defensa” de la infanta.

El juez del caso Nóos, José Castro, ha decidido este viernes suspender por el momento la declaración como imputada de la infanta Cristina prevista para el día 27 de abril en los Juzgados de Palma, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya recurrido la imputación al no encontrar “indicios suficientes” para ello.


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