El juez del caso Nóos, José Castro, ha decidido suspender por el momento la declaración como imputada de la infanta Cristina prevista para el día 27 de abril en los Juzgados de Palma, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya recurrido la imputación tal y como estaba previsto. Así es el recurso de la Fiscalía Anticorrupción.
Así lo ha decidido después de que el fiscal anticorrupción Pedro Horrach le haya pedido que suspenda la declaración de la hija del Rey, en un recurso en el que señala que «no se entiende» el sentido de la imputación porque considera que no hay elementos incriminatorios que sustenten una acusación formal contra ella.
En este sentido, Horrach ha considerado que la aplicación del principio acusatorio conllevará necesariamente el «sobreseimiento» de la causa respecto a la mujer del Duque de Palma, que cuenta con un abogado del bufete del convergente Miquel Roca.
Los argumentos del fiscal
Tal y como incide Horrach en su escrito, si los responsables políticos «supuestamente influenciados» desconocían que la infanta fuera vocal en Nóos y no trató o gestionó de algún modo con ella temas vinculados a esta entidad, «¿cómo puede ejercer aquélla una influencia delictiva?», se pregunta.
En esta línea, apunta que si los indicios acumulados a lo largo de la investigación «no poseen entidad penal, no se barrunta el sentido que tiene su citación en calidad de imputada», en contra de las argumentaciones apuntadas por el magistrado.
Al hilo de lo anterior, el representante del Ministerio Público se pregunta «qué hecho, dato, circunstancia, documento, testifical o cualquier otro elemento incriminatorio ha sobrevenido que altere sustancialmente» las consideraciones penales argumentadas hasta el momento por las acusaciones -excepto Manos Limpias-, que no han hallado hasta ahora indicios en contra de la Infanta.
«Absolutamente ninguno», recalca Horrach, quien asevera de hecho que el auto por el que ha sido encausada la Infanta, y que ahora ha sido recurrido, se basa esencialmente en los mismos hechos que ya expuso Manos Limpias, en calidad de acusación popular, para solicitar la imputación, y que «fueron desestimados por inconsistentes y débiles» tanto por el juez, en marzo de 2012, como por la Audiencia Provincial en julio de ese año.
