Extremadura pedirá al Estado un plan de garantía juvenil

El Pleno del Parlamento de Extremadura ha aprobado por unanimidad una Propuesta de Impulso por la que se pide al Gobierno español que incluya en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven un plan de garantía juvenil.

El encargado de defender la iniciativa ha sido el diputado del Grupo
Parlamentario de IU-V-SIEX, Víctor Casco, quien ha explicado el objetivo de
este plan es asegurar que los ciudadanos y residentes en la Unión Europea de
hasta 25 años, así como los jóvenes menores de 30 años que se hayan graduado
recientemente, reciban una oferta de empleo, educación continua o formación de
aprendiz en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la
educación formal, todo ello garantizando unas condiciones salariales, de
trabajo, de salud y de seguridad adecuadas.

Este plan de garantía juvenil, según Casco, se hace necesaria en
Extremadura, ya que “somos una de las comunidades autónomas con la tasa de paro
juvenil más alta”, y ha añadido que “ante la “alarmante” tasa de paro juvenil
“no valen las políticas de maquillaje que se han estado empleando”.

De forma similar se ha expresado la diputada del Grupo Parlamentario
Socialista, Fernanda Ávila, que ha considerado que Extremadura debe tener un
trato preferencial por parte del Ejecutivo nacional, porque “el paro juvenil
que tenemos es escandaloso, cercano al 60 por ciento”, ha apostillado.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Francisco José Ramírez
González, ha presentado una enmienda transaccional para el plazo propuesto por
IU de cuatro meses se amplíe hasta los seis. Esta enmienda ha decaído porque el
PSOE no la ha apoyado.

A pesar de no haber salido adelante la enmienda transaccional del PP, todos
los Grupos Parlamentarios han votado a favor de la Propuesta de Impulso.

SÁHARA
OCCIDENTAL

En la misma sesión plenaria se ha aprobado por unanimidad una Propuesta de
Pronunciamiento de IU, en la que se insta al Gobierno de España a defender en los foros y organismos
internacionales en los que esté presente el
cumplimiento de las Resoluciones de la ONU sobre el Sahara Occidental, y a que
se vele y se promueva
el respeto a los derechos humanos de los activistas y de la población saharaui en general.