Vacunarse contra nuevos casos de presuntas ilegalidades que «puedan perjudicar la reputación de la CEOE y afectar de manera negativa a sus intereses», como el del expresidente Gerardo Díaz Ferrán y, posiblemente también, el que atañe al todavía vicepresidente primero, Arturo Fernández. Ese es el objetivo del proyecto de Código Ético y de Buen Gobierno que se aprobará en la Asamblea General extraordinaria del próximo día 16 de mayo.
Y, para cumplir este objetivo prioritario, el documento elaborado por el entorno del presidente de la organización, Juan Rosell, habilita a la Junta Directiva de CEOE para, «por mayoría simple de los directivos presentes y representados, y previo informe de la Comisión de Régimen Interno, suspender de su cargo o proponer a la Asamblea General el apartamiento de su cargo» a cualquier miembro de la patronal, incluido el presidente, incurso en un procedimiento judicial penal.
A estos efectos, la CEOE «entenderá que se ha abierto un procedimiento penal, cuando se formule contra el interesado escrito de acusación por el Ministerio Fiscal; o cuando se adopte contra el mismo una medida cautelar de especial importancia e intensidad; o cuando contra el afectado se dicte auto de preocesamiento».
Transparencia en los contratos
Idénticas medidas, es decir, la suspensión o el apartamiento del cargo, podrán adaptarse respecto a cualquiera de los directivos o empleados de la organización empresarial «cuya conducta personal desmerezca gravemente de la honestidad e integridad que todos están obligado a respetar».
El proyecto de Código Ético de la CEOE aborda también las relaciones con los proveedores y empresas colaboradoras, para lo que la patronal «desarrollará y aplicará unas instrucciones internas de contratación que garantizarán que la selección de todos los que participen en procesos de contratación de obras, servicios o suministros se realice de acuerdo con los principios de transparencia, igualdad, no discriminación, imparcialidad y objetividad, aplicando criterios de calidad y coste».
Se excluirá de los procesos de contratación a «aquellas personas que hayan acreditado conductas o comportamientos reprobables administrativa o criminalmente».
En el preámbulo del proyecto se definen los principios fundamentales que promueve la CEOE: libre empresa, unidad empresarial, economía de mercado y defensa de la libre competencia. Y, además, la organización empresarial considera «indispensable defender la unidad de mercado, tanto nacional como europea; la transparencia en la toma de decisiones; el diálogo y la negociación en la búsqueda de soluciones, especialmente en el ámbito social; el control de la organización por sus miembros a través de una «sólida» democracia interna; y la voluntariedad de pertenencia.
Se recuerda también en el Código Ético y de Buen Gobierno que CEOE «actuará con plena independencia de cualquier poder público, partido político o agente económico y social».
