La
LXXVII Asamblea General de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España
(FAPE), celebrada recientemente en Granada, ha reivindicado la figura de los
profesionales senior de más de 50 años, y con 30 de experiencia, «a
quienes se está expulsando de las redacciones», y ha advertido de las
graves consecuencias de esta descapitalización para el periodismo de calidad. La
madurez y la experiencia han sido siempre un plus añadido a los valores que
encarnare una profesión que, como otra cualquiera, no la da el título, sino su
ejercicio, en un continuo aprendizaje que une al conocimiento las tildes
consustanciales a la misma.
Ya hace años, algunas grandes
empresas españolas prejubilaban a sus trabajadores a los 52 años, en plena
madurez creadora, con el único afán de obtener más beneficios, aun a costa del
resto de los trabajadores españoles, ahorrándose dos años de salarios y
Seguridad Social, tras enviarlos al paro, para volver a ella hasta la
desvinculación definitiva, alcanzada la jubilación. Esa misma empresa,
Teléfonica de España, pretendió hace años, en octubre de 2008, efectuar una
eufemística «desvinculación anticipada» de 700 trabajadores,
rebajando en cuatro años la cifra habitual de sus prejubilaciones, con las
mismas condiciones que aquellos. Los sindicatos, como parte interesada,
bendecían aquel alarde de injusticia que pretendía extender como norma, y no
hacer excepción, de unas prejubilaciones a los 48 y 52 años, mientras que
«un trabajador que está en el andamio tenga que estar trabajando hasta los
65», en palabras del entonces ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
Cuando ni los jóvenes encuentran
empleo y los mayores de 45 o 50, expulsados del mercado laboral, lo hallaren,
entramos en una dicotomía inválida entre la experiencia no probada, por no
adquirida, y la madurez reconocida, pero expulsada del paraíso del trabajo, que
implica la descapitalización del conocimiento de un país, incapaz de hallar el
término medio de la virtud: dar trabajo a los jóvenes y no perder la
experiencia acumulada de los veteranos.
Los politólogos acuñaron en la «guerra
fría» el sintagma «la gerontocracia del Kremlin» para referirse
a sus presidentes, dada su avanzada edad, desde Leonid Brézhnev (1964-1982),
pasando por Yuri Andropov (1982-1984), Konstantin Chernenko (1984-1985), hasta
la llegada del joven Mijail Gorvachov (1985-1991), con 54 años. La
gerontocracia es la forma oligárquica de gobierno, en la que una institución o
gobierno es dirigido por una pequeña cantidad de líderes, en la que los más
ancianos mantienen el control. En Cuba, la cúpula dirigente del país raya los
80 años. El papa Pablo VI instituyó que los cardenales mayores de 80 años no
pudieren votar en el Cónclave y, por tanto, no ser electos. Sin embargo, se
considera que un papa como el actual, Francisco, con 76 años, ha sobrepasado la
edad adecuada para dirigir la Iglesia, cifrada en los 60, en la que se acumulan
todavía experiencia y vigor físico y espiritual, como requería el papa emérito
Benedicto XVI, como para ejercer unos veinte años. Juan Pablo II fue elegido
papa en 1978 con 58 años, el segundo más joven del siglo XX, y su pontificado
duró 27 años y 11 meses, hasta el 2 de abril de 2005.
Felipe González (Dos Hermanas,
Sevilla, 1942) fue elegido presidente
con 39 años y ejerció catorce años como tal (1982-1996). José María
Aznar (Madrid, 1948) fue presidente a los 43 años (1996-2004) y fue el primero en
extrapolar a España la norma constitucional americana de dos mandatos de cuatro
años como máximo, aunque dejó la puerta abierta «si España estuviera en
peligro…» En una de sus visitas a
la Moncloa, el hoy presidente israelí, Shimon Peres (Wiszniewo, Polonia, hoy
Vishneva, Bielorrusia, 1923), que hoy frisa los 90 años, conocedor del retiro
anticipado de Aznar, le mostró su extrañeza ante tal circunstancia dada su
juventud.
Para no ser menos, Extremadura fija
en ocho años el mandato del presidente de la Junta, según el anteproyecto
de ley del Estatuto de Cargos Públicos, ahora a estudio en el Consejo
Consultivo, dado a conocer el pasado mes. Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Mérida,
1948) fue presidente de la Junta de Extremadura con 35 años y estuvo 24 años en
el poder (1983-2007), en que dio paso a su sucesor, Guillermo Fernández Vara
(Olivenza, 1958), presidente entre 2007-2011, que accedió al cargo con 48 años,
mientras que el actual, José Antonio Monago (Quintana de la Serena, 1966) desde
el 7 de julio de 2011, asumió el cargo con 45 años.
Ni la edad, ni la unificación de
jurisprudencia de los cargos públicos ni su régimen disciplinario y
sancionador, hacen al buen político. El político nace y después se hace. Cuando
los partidos políticos de una democracia asentada, como Italia, que ha sido
capaz de gobernarse con un pentapartito, se ven ahora incapaces para formar un
gobierno de coalición, y han de pedir a su anciano presidente de 87 años,
Giorgio Napolitano (Nápoles, 1925), que el 10 de mayo cumpliría su segundo
mandato de siete años, un tercero, a qué hablar de edad a nuestra conveniencia,
de limitación de mandatos…, cuando nuestros diputados juran o prometen la
Constitución saltándose a la torera la fórmula reglamentaria, con la anuencia
del presidente de la Mesa de Edad, que les otorgare su condición de diputados. Y
miren por dónde: la Constitución italiana sí exige una edad mínima para ser
presidente de la República: 50 años. Aquí, ninguno hubiera pasado el corte,
excepto Calvo Sotelo, presidente a los 55. Pero, en fin, si todo es por
quitarle la casa a los ex presidentes, que ellos pactaron, y ahora por salvar
el pellejo del bipartito…, pues vale.
