El Ejecutivo extremeño ha autorizado el encargo, a la empresa Gisvesa, de un estudio que servirá para mejorar el control de las viviendas de promoción pública de la comunidad autónoma, con un presupuesto de 130.000 euros.
El Gobierno
de Extremadura, con el objetivo de normalizar el parque público de viviendas y,
con la intención de realizar la política social más eficaz posible, pretende
profundizar en las medidas de apoyo y, en concreto, reconocer el esfuerzo de
aquellas unidades familiares que, a pesar de las dificultades económicas, han
sabido valorar la vivienda que ocupan en régimen de alquiler como prioritario
para su proyecto de familia.
Por todo
ello, se considera necesaria la revisión individualizada de las distintas
viviendas que integran el patrimonio inmobiliario adscrito a la Consejería de
Fomento con el fin de comprobar la correcta utilización de las viviendas y, en
su caso, detectar las posibles situaciones irregulares que existan.
Todo ello
debe contribuir a reforzar la función social de las viviendas de promoción
pública, que consiste en servir de domicilio habitual y permanente de la
población más desfavorecida que realmente lo necesita y cumple con la normativa
vigente.
