La ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social
introduce a partir de 2027, el denominado factor de sostenibilidad con el
objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y
las prestaciones esperadas del mismo. En éste sentido, establece que se
“revisarán cada cinco años los parámetros fundamentales del sistema por las
diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años en el año
en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027”.
El Gobierno Rajoy inició su legislatura
recortando derechos sociales amparándose para ello en la crisis y en Europa y
uno de los ámbitos donde últimamente se viene insistiendo es en el sistema de
pensiones. Hay que recordar la decisión de no revalorizar las pensiones en
2012, en la diferencia entre los precios y el incremento inicial del 1%.
Se ha conocido últimamente la composición y
las referencias de los miembros que forman el comité de expertos designados por
el Gobierno para diseñar el factor de sostenibilidad de las pensiones y con las
primeras conclusiones han salido a la luz pública, las divergencias de los
componentes, entre los que hay una gran mayoría que trabajan o lo han hecho
para la patronal de las aseguradoras y de entidades financieras.
Los cambios que se están apuntando, una vez
conocidas las primeras conclusiones en las que no hay unanimidad entre los
miembros, apuntan en la dirección de recortar las futuras pensiones y la
pérdida de la posible recuperación en poder adquisitivo de las actuales. Es
decir, los actuales pensionistas van a ver como su pensión no va a tener un
incremento si los precios suben por encima, y los futuros, van a ver reducida
su pensión y además van a tener que cotizar más años y jubilarse con más edad.
Otro factor que pudiera verse alterado y con
el que parece que tampoco hay un criterio de consenso, es el de adelantar el
posible nuevo sistema y comenzar en el año 2014. Algo que está valorándose como
innecesario desde el PSOE, IU, PNV y los dos Sindicatos mayoritarios que
coinciden en que no hay que cambiar el modelo del sistema actual para
introducir el factor de sostenibilidad, puesto que no hay ninguna razón que
actualmente justifique la urgencia de cambiar un sistema que ya fue reformado y
acordado hace tan solo dos años y que además contempla que hay que ver cómo
está funcionando lo aprobado en 2011, que prevé retrasar la edad de jubilación
a los 67 años gradualmente hasta 2027.
Una de las situaciones que provoca más
controversia en las primeras conclusiones es la limitación al factor
sostenibilidad en la cuestión demográfica, valorándose por encima del factor
cotizaciones y cotizantes. Da la impresión en esas referencias, a que el que
hoy disfrutemos de una mayor esperanza de vida hubiera que penalizarlo en
cierta forma porque hoy vivamos más, cuando ello es una clara y positiva
consecuencia del Estado de Bienestar del que hoy disfrutamos a pesar de la
actual coyuntura económica.
El sistema de pensiones está sufriendo las
consecuencias de la crisis y consecuencia de ello han descendido los ingresos
por cuotas sociales al disponer de menos ocupados, pero afortunadamente
contamos con un Fondo de Reserva que se creó para hacer frente a situaciones de
déficit estructural motivados por el envejecimiento de la población y no para
ser utilizado por situaciones como la caída de la actividad económica. Por
ello, es absolutamente irresponsable que se sacaran más de 7300 millones de
euros del Fondo y no hayan sido repuestos y que la Ministra de Empleo
anunciara hace pocos días el que se volvería a utilizar para pagar las
pensiones de junio y la extra. Porque de ésta forma sí se pone en serio peligro
las futuras pensiones y la viabilidad del sistema público.
Hace unos meses un informe sobre la situación
de desigualdad y derechos sociales reflejaba que la crisis y las medidas
políticas están golpeando con tal dureza a la sociedad española que las rentas
se han desplomado a niveles de hace diez años. La capacidad adquisitiva actual,
18.500 euros de promedio por español en el pasado año, es inferior a la del año
2001. Los recortes en algunos bienes básicos, la reducción de algunas
prestaciones y la exclusión del acceso de grupos de ciudadanos a servicios
elementales han introducido niveles de fragmentación social cuya reducción
costó varias décadas y grandes acuerdos sociales.
No son tiempos para introducir cambios
estructurales en el sistema público de pensiones y más en una coyuntura de
inestabilidad económica como la actual, porque al igual que se valoró en el
Pacto de Toledo buscar la sostenibilidad, debería de seguirse la misma
dirección y más teniendo en cuenta el acuerdo suscrito por los agentes sociales
y económicos con el Gobierno, con el que se profundizó en un cambio que de
forma progresiva y mantenida enmarca la sostenibilidad económica a largo plazo
del actual sistema público de reparto.
Visualizando carteles y panfletos de las
últimas manifestaciones, me vino a la memoria un cartel que mantenía un joven
con una frase, que decía “Queremos vivir como nuestros padres”. Pues eso, que
al menos se pueda vivir como hoy y ello, en mi opinión no depende tanto de
factores, sino de que jóvenes como el del panfleto puedan trabajar.
