Echávarri ve positiva la reforma de la PAC

A falta de un análisis más detallado, el Gobierno de Extremadura ha considerado que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2014-2020 acordada este miércoles es “positiva para Extremadura y para el conjunto de España”, teniendo en cuenta la propuesta inicial.

El titular
extremeño de Agricultura, José Antonio Echávarri, ha insistido en que el
ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, ha conseguido que se suavizarán los
aspectos más perjudiciales para España y ampliar el margen de actuación de los
Estados miembros. Además, ha recalcado que aún hay que negociar cómo se plasman
esos acuerdos a nivel nacional.

En este
sentido, ha avanzado que la próxima semana se iniciarán los contactos de la
Consejería con las organizaciones agrarias, las cooperativas y los partidos
políticos para buscar una posición común de cara a esa segunda parte de la
negociación.

Echávarri
espera que ese frente común esté cerrado en la primera quincena del mes de
julio, para poder defenderlo los días 24 y 25 de julio en la Conferencia
Sectorial que se ha convocado. “No podemos olvidar que aún queda una segunda
parte, que es negociar y diseñar cómo se aplicará esta reforma en España,
especialmente en lo relacionado con la convergencia interna”, ha reiterado.

El consejero
ha detallado cómo queda la reforma de la PAC en los tres aspectos
fundamentales: el presupuesto, la superficie elegible y la aplicación de la
convergencia.

En relación
al presupuesto, Echávarri confía en que los 47.000 millones de los que
dispondrá España en los próximos siete años garantizarán la sostenibilidad del
sector. “Nos hubiera gustado disponer de más fondos, pero lo cierto es que
ningún sector de la economía recibirá este volumen de ayudas en la actual
situación económica, y tenemos que estar razonablemente satisfechos”.

Respecto a la
superficie elegible, el titular extremeño de Agricultura ha destacado que se ha
evitado una reducción significativa de la ayuda media por hectárea derivada de
incorporar nuevas superficies elegibles, al tomar como referencia finalmente el
año 2011 limitando así la superficie con derecho a pago único a 22,4 millones
de hectáreas (la propuesta inicial elevada esta superficie a 38 millones).

En relación a
la convergencia interna, el consejero ha recordado que la propuesta inicial era
una tasa plana que hacía que la ayuda por hectárea hubiese sido similar para
todos los productores a partir de 2019. Esa obligatoriedad hacia la
convergencia total ha desaparecido, con lo que “se ha logrado reducir el
impacto negativo que hubiese tenido en una comunidad con una diversidad de
producciones como la de Extremadura”, aunque hay que esperar a conocer el
modelo de regionalización en el que trabaja el Ministerio.

En este
sentido, ha insistido en otros aspectos positivos de la reforma, como que no se
aplica la convergencia a los pequeños agricultores que cobren menos de 1.250
euros anuales (31.700 en Extremadura, el 45% del total de perceptores); que las
ayudas acopladas, que son un 13% del total, no estarán sujetas a esta
convergencia; y que se da margen a los Estados miembros para aplicar una
comarcalización productiva.

GREENING
Y TABACO

El consejero
también ha valorado de manera positiva otros aspectos de la reforma, como el ‘greening’
o pago verde, y cómo queda el sector del tabaco.

Sobre este
último, ha recalcado que, pese a que se queda fuera del listado de productos
acoplados, se ha introducido una enmienda en Bruselas por la que “se permite
que el importe que se recibe actualmente como pago acoplado se pueda incorporar
en el cálculo de los derechos del pago básico, con lo que se compensará esa
pérdida y los tabaqueros van a poder recibir unas ayudas similares a las que
vienen percibiendo”.

En relación
al ‘greening’, ha señalado que se han flexibilizado las condiciones marcadas
inicialmente.

De esta
forma, a los cultivos como el olivar, viñedo, frutales, frutos secos y el
arroz, no se les va a exigir nuevas condiciones de greening. Además, la
rotación de cultivos se aplica a partir de diez hectáreas (no las 3 que
proponía la Comisión) y se exigen sólo 2 cultivos para explotaciones de menos
de 30 hectáreas (en lugar de los 3 que pedía la comisión).