CUIDADO CON LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

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El Gobierno aprobará el próximo 19 de julio el proyecto de ley de reforma de la administración local, una iniciativa en la que lleva más de un año trabajando y que espera que pueda entrar en vigor en enero de 2014.


   Por su parte el Consejo de Estado en su dictamen no vinculante, recorta de manera importante el anteproyecto de ley y su principal reserva se centra en la creencia de que dicho anteproyecto reduce “en exceso” la autonomía municipal garantizada por la Carta Magna. En este sentido, explica que el llamado “coste estándar” de los servicios que prestan los municipios, incluido en la nueva regulación, se convierte en un cheque “en blanco” que se da al Gobierno mediante el cual puede quitar competencias a los ayuntamientos.

 

 De ahí la crítica más rotunda que hace al texto especialmente con la regulación del llamado  “coste estándar”, al entender que “resulta insuficiente” y “debe completarse”, ya que el citado coste determinará que los ayuntamientos que no lo cumplan perderán las competencias sobre sus servicios y éstas pasarán a las diputaciones provinciales o a los cabildos o consejos insulares

 

      En cuanto al traspaso a las diputaciones de las competencias locales que perderían los municipios por tener un coste de los servicios superior al “coste estándar” que establezca el Gobierno, el Consejo de Estado advierte de que las “Diputaciones Provinciales son entidades locales de representación indirecta”.

     El papel de las Diputaciones es más bien “funcional”, encaminado a “asistir” a los municipios y a coordinar su actuación.

 

   No es necesario limitar las competencias de la autonomía local sino por el contrario lo que hay que hacer es ordenar aquello que es exclusivo de los municipios a la hora de la prestación de los servicios que tiene encomendados por la propia ley. . El Gobierno, defiende “la uniformidad”, de manera que haya un único modelo local vigente en todo el territorio español, con obligación de cumplimiento legal para todas las corporaciones locales y en todas las comunidades  autónomas de España y desde luego sería bueno determinar con claridad el poder que tendrán las diputaciones, sobre las que el Consejo de Estado ha pedido mayor concreción.

 

 El Municipio es el marco por excelencia de la convivencia civil, cuya historia es en muy buena medida la del Occidente a que pertenecemos. Tanto en España como en Europa el progreso y el equilibrio social han estado asociados desde la antigüedad al esplendor de la vida urbana y al consiguiente florecimiento municipal. Y viceversa, los períodos de estancamiento o de retroceso se han caracterizado igualmente por la simultánea decadencia de las comunidades ciudadanas, que en siglos ya lejanos llegó a consumarse con la ruina y extinción de los Municipios

 

Al no ser vinculantes las decisiones de Consejo del Estado, el Gobierno se siente razonablemente satisfecho con la reforma local que ha elaborado y considera que el informe del Consejo lejos de suponer un varapalo al texto, lo que hace es pedir que se modifiquen determinados aspectos que no variarán sustancialmente la ley.


El gobierno trabaja ahora en adaptar el texto a las consideraciones realizadas por el Consejo de Estado en su informe sobre esta iniciativa, un texto en el que advierte de riesgos de inconstitucionalidad por limitar la autonomía local y en el que exige una mejor regulación del llamado coste estándar, una de las columnas vertebrales de la ley, que exigirá a los municipios prestar sus servicios sin sobrepasar un determinado coste.

 

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