El artículo 1º
de nuestra Constitución de 1978 establece:1. España se constituye en un Estado
social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político. 2. La
soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado.
De la misma
manera, el artículo 117 que “La justicia emana del pueblo y se administra en
nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial,
independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Está claro que
estos nobles principios constitucionales requieren ser salvaguardados por
representantes democráticos dotados de una profunda e insobornable voluntad de
servicio público y comportamientos honestos y éticos en el ejercicio de la
representatividad de la colectividad.
Más allá de
plazos y periodos legislativos, por higiene social y democrática, la
representación de la comunidad debería finalizar cuando se conociese o manifestase
públicamente la incapacidad física, mental, jurídica, penal, funcional, moral o
ética de los designados como representantes.
¿somos todos los españoles unos pícaros y unos
corruptos carentes de escrúpulos?, creo que no, sinceramente; el problema es
que todos seremos adjudicatarios de este calificativo por extensión de que lo
sean nuestros representantes y por nuestro silencio consentidor.
En la prensa internacional podemos leer que “En España la verdadera
crisis es el vacío de liderazgo”, “El sentimiento de escándalo que rodea a
Mariano Rajoy ha vuelto a crecer hoy, después de una semana de acusaciones y
desmentidos por los destellos con los que el extesorero de su Partido Popular
alimenta a los medios y que muestran que el lider de España se enriqueció
durante años de un fondo sucio”, “el ‘escándalo Bárcenas’ y la implicación de
Rajoy en él, daña la imagen del Presidente al tiempo que perjudica la moral
nacional y la credibilidad de las instituciones: “el escándalo distrae al gobierno a la hora de hacer frente
a las dificultades económicas que golpean al país” , New York Times.
Ya no es posible seguir mirando para otro lado, la Justicia tiene que
actuar urgentemente, contra todos los delincuentes implicados en tantos y
tantos casos de corrupción, cualesquiera que sean sus ideas, sus apellidos, su
condición, sus familiares, sus títulos…todos iguales ante la justicia soberana.
Independientemente, aquellos que hayan perdido las aptitudes y
capacidades para ejercer con eficacia y dignidad la representación democrática
del pueblo español, deberían intentar recuperar su dignidad presentando la
dimisión y reintegrando lo que no les corresponda con transparencia legal.
Finalmente, el pueblo soberano no podemos permitirnos perder la
credibilidad en instituciones y órganos de representación, quizás ese sea el
efecto deseado por unos pocos, defensores de intereses de élites y lobBies: el
derrocamiento del poder popular por falta de ejercicio de la participación; alimentemos
la democracia, exijamos representantes honestos en todos los ámbitos
(políticos, sociales, laborales), modificando y mejorando cuanto sea necesario
modificar y mejorar.
