Echávarri anuncia un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra la reforma energética

El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echavarri, ha avanzado que el Gobierno de Extremadura iniciará en breve los pasos necesarios para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 9/2013 de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

José
Antonio Echávarri ha realizado este anuncio durante el Pleno del Parlamento de
Extremadura, donde ha comparecido para informar sobre la reforma energética
anunciada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El
consejero ha comenzado su intervención reconociendo la necesidad de llevar a
cabo una reforma energética en España debido al “tremendo” déficit tarifario
existente y para garantizar la sostenibilidad económica del sistema. Pero a la
vez, Echávarri ha aseverado que la reforma emprendida “no es la que necesitaba
este país”.

En
este sentido, el titular de Agricultura ha sentenciado que la reforma
emprendida se centrar casi exclusivamente en reducir el déficit tarifario a
costa de generar otros problemas; se ha hecho de manera “unilateral y sin diálogo”;
e introduce medidas que perjudican al desarrollo de las energías renovables.

Por
ello, Echávarri se ha mostrado en contra de dicha reforma porque no atiende las
reivindicaciones de extremeñas de un régimen especial para la biomasa; supone
una nueva subida del recibo de la luz penalizando a los que menos consumen;
desincentiva el ahorro y la eficiencia energética; y establece un nuevo régimen
jurídico que provoca inseguridad.

Ante
este panorama, el Gobierno de Monago ha presentado ante el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo un total de 82 alegaciones en materia energética,
así como tres recursos de inconstitucionalidad. Y los siguientes pasos, ha
anunciado el consejero, son la formalización del recurso de
inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2013, y el inicio de los
pasos para presentar un nuevo recurso contra el Real Decreto-ley 9/2013.

DIMISIÓN DEL MINISTRO

Tras
la comparecencia de José Antonio Echávarri, han tomado la palabra las
diferentes formaciones políticas La primera en hacerlo ha sido la diputada del
Grupo Mixto PREX-CREX, Fernando Ávila, que ha sentenciado que se trata de una
reforma energética que deja a Extremadura y a las energías renovables “más hundidas
todavía”.

“Si
el Gobierno de Monago no está de acuerdo con esta reforma, no entiendo cómo no
han pedido ustedes aún la dimisión del ministro de Industria, José Manuel Soria”,
ha manifestado la regionalista, que ha considerado que los cuatro Grupos Parlamentarios
deberían unirse para pedir la dimisión del ministro Soria.

Seguidamente,
ha intervenido el portavoz del Grupo Parlamentario de IU-V-SIEX, Pedro Escobar,
quien ha reconocido que la reforma era necesaria, pero se ha mostrado en contra
de la forma de abordarse.

Según
el izquierdista, en esta reforma energética se eliminan “prácticamente” las
primas a las energías renovables; se penaliza el autoconsumo; no abre la puerta
a una regulación especial para la biomasa; no cierra la puerta a la energía
nuclear; y da mucho más poder a las grandes eléctricas.

Por
todo ello, Escobar ha avanzado que su partido apoyará el recurso de inconstitucionalidad
que presente el Ejecutivo extremeño, pero ha anunciado que pedirá la derogación
del Real Decreto-ley 9/2013.

De
forma similar se ha expresado el diputado del Grupo Parlamentario Socialista,
Antonio Rodríguez, quien ha sentenciado que esta reforma “sólo se le podía
haber ocurrido a los directores de Endesa e Iberdrola, porque es la reforma
energética de las grandes eléctricas”.

Para
el socialista, dicha reforma tiene principalmente tres consecuencias “dramáticas”
en Extremadura, tales como la pérdida de inversión y de empleo; la penalización
del autoconsumo; y el apuntalamiento del monopolio.

Finalmente,
ha tomado la palabra el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Juan Pedro
Domínguez, que también ha reprochado la forma en la que se ha llevado a cabo la
elaboración del Real Decreto-ley 9/2013, y ha concluido diciendo que “no es el
momento de pedir dimisiones, sino de retomar el diálogo”.