UPA-UCE denuncia la actuación de Fomento en el transporte agrícola

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha denunciado que desde la Consejería de Fomento se está comunicando a los agricultores sanciones de hasta 6.000 euros por el transporte de sus producciones agrícolas en la campaña pasada.

Huertas ha calificado estas denuncias de “dudosa legalidad”, ya que se
hacen en base a datos que aportan las industrias o secaderos y que, por tanto,
“no tienen presunción de veracidad”. 

UPA-UCE ha constatado que en la campaña actual se han intensificado
las actuaciones de la Inspección de Transporte en cooperativas, secaderos,
industrias de tomate, etc., además de plantear desde la Consejería de Fomento
contratos de colaboración entre agricultores cada vez “más restrictivos”.

UPA-UCE ha recordado que durante este año han mantenido reuniones con
responsables de la Consejería y del Gobierno sobre este asunto, en los que el
Presidente José Antonio Monago se comprometió a resolver esta problemática. Sin
embargo, según Huertas, estas actuaciones han continuado, tratando a los
agricultores que transportan sus productos como “delincuentes”.

El transporte de las producciones agrícolas es un sistema de trabajo
llevado a cabo durante muchos años, basado en una práctica de “ayuda mutua y
colaboración en la recolección de las cosechas”. Para Huertas, “la imposición
de sanciones solo perjudica a los más débiles”, las explotaciones familiares
que necesitan la colaboración de familia, vecinos o amigos para minimizar los
costes de la explotación. A esto se suma los problemas de logística y acceso de
muchas explotaciones ya que en muchas parcelas no puede entrar otro tipo de transporte.

Por ello, UPA-UCE ha
alertado que de seguir esta situación, puede haber una paralización de las
cosechas de maíz y arroz,
y ha demandado al presidente
de la Junta que cumpla el compromiso que adquirió el año pasado de “garantizar
el mantenimiento de esta práctica tradicional, necesaria para el campo
extremeño, y que solo está siendo perseguida en nuestra región”.

Asimismo, desde la organización profesional agraria se ha demandado el
cese del director general
de Transportes, Miguel Ángel Rufo, por haberse convertido en “el inquisidor de
los agricultores”, ya que según
Huertas, “está poniendo en peligro la viabilidad muchas pequeñas y medianas
explotaciones agrícolas en Extremadura; y por tanto, de muchos puestos de
trabajo”.