UGT Extremadura ha alertado del peligro de “dualizar” la intermediación laboral, y ha mostrado su rechazo “contundente” a la cesión de la intermediación laboral a las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro.
En una nota
de prensa, UGT ha informado de que el Diario Oficial de Extremadura, wl 29 de
octubre, publicó el convenio de colaboración entre el SEPE y la Junta de
Extremadura para la celebración de un Acuerdo Marco con Agencias de Colocación
para la colaboración con los servicios públicos en la inserción laboral de
personas desempleadas.
UGT
Extremadura ha denunciado su desconocimiento oficial de este convenio a la vez
que ha considerado un paso en la mala dirección el inicio de una
externalización de servicios públicos que abre la puerta a la mercantilización
de la intermediación laboral.
Con la
adhesión a este acuerdo marco, Extremadura se une a comunidades autónomas,
facilitando la entrada al mercado laboral extremeño de estas agencias que
cobran un dinero por colocar parados, pero también solo por atenderlos y,
además, facturan por las denuncias al desempleado, siempre que esta denuncia
lleve aparejada la sanción o suspensión de la prestación por desempleo de ese
parado, ha advertido el sindicato.
Entre 300 y
3.000 euros cobrarán como máximo estas Agencias por realizar labores de
intermediación con cada persona desempleada, lo que supone una importante
desviación de gasto público hacia intereses privados.
El sindicato ha
mostrado sus dudas, además, sobre que el Gobierno pueda poner en marcha los
mecanismos necesarios para controlar y regular la actuación de las agencias
privadas de empleo, en particular que respeten los principios constitucionales
de igualdad de oportunidades y no discriminación.
El sindicato ha
alertado sobre el peligro de “dualizar” la intermediación laboral, puesto que
se corre el riesgo de que los servicios públicos se conviertan en oficinas de
asistencia social de intermediación y las agencias privadas se dediquen a
colocar a los desempleados más cualificados y formados.
UGT
Extremadura ha insistido en que en lugar de aplicar políticas “persecutorias
contra los desempleados” se invierta en políticas de empleo modernas y
adecuadas a las necesidades del mercado de trabajo y que se potencie el SEXPE,
en lugar de “privatizar servicios a través de agencias privadas de colocación
mercadeando con la población desempleada extremeña”.
