El Consejo Rector de Acorex, presidido por José Gregorio Traver González, emprenderá las acciones que crea conveniente, incluidas las penales, ante presunta comisión de posibles delitos societarios, de falsedad documental e incluso de deslealtad profesional de aquellos que se han prestado a colaborar “en contra de los intereses de Acorex en un asalto al poder contundentemente frustrado”.
El Consejo
Rector de Acorex ha realizado estas declaraciones justo el día en el que la Dirección General de Trabajo
del Gobierno de Extremadura ha denegado la solicitud de inscripción en el
Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura de un nuevo Consejo Rector
de Acorex, encabezado por Manuel Rodríguez Corrales.
En la
Resolución de la Dirección General de Trabajo se ha concluido que el Consejo Rector elegido en la Asamblea General del 5
de diciembre carece de legitimidad para adoptar acuerdo alguno, incluido el
nombramiento de gerente, revocación y otorgamiento de poderes, por lo que se ha
rechazado su inscripción en el registro de Sociedades Cooperativas de
Extremadura.
El Consejo
Rector de Acorex, presidido por José Gregorio Traver González, ha celebrado
esta Resolución, y ha asegurado que cuenta con el apoyo y legitimidad de los
votos sociales otorgados en la Asamblea general de mayo de 2013, “correctamente
constituida y celebrada”, y además cuenta con el apoyo de la Administración
extremeña.
CONDENA PÚBLICA
El Consejo Rector
de Acorex ha aprovechado la oportunidad para condenar públicamente la actuación
de un grupo de personas que, encabezadas por Manuel Rodríguez Corrales, ha
intentado una “conquista ilegítima del poder
“El pretender imponer en la Presidencia
de Acorex al representante de la Cooperativa San Isidro de Miajadas por ser
ésta la de mayor facturación, es un planteamiento absolutamente contrario a los
principios de igualdad y democracia que son consustanciales a cualquier
Cooperativa”, ha aseverado.
En este
sentido, el Consejo Rector de Acorex ha denunciado que, desde mayo de 2013,
varios de “estos señores han venido boicoteando económicamente a Acorex,
incumpliendo flagrantemente sus obligaciones legales y estatutarias, no
comercializando sus productos por Acorex, tomando iniciativas en contra de la
corporación para intentar reventar financieramente este grupo cooperativo”.
“Este asalto
al poder –ha continuado diciendo- ha manchado el buen nombre de Acorex, y los
responsables deberán pagar por sus hechos”. En este sentido, ha considerado
todos “estos señores” deben poner en el día de hoy sus cargos a disposición de
las Asambleas Generales de sus respectivas cooperativas, para que, con
independencia de lo que decidan los Tribunales en un futuro, sean los
agricultores y ganaderos quienes juzguen dicha actuación.
