Treinta y una familias han recibido una vivienda al perder la suya por no poder abonar la hipoteca

Las últimas siete familias beneficiarias de este programa del GobEx
para desahuciados hipotecarios han recibido las llaves de manos del
consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo,
Víctor del Moral, en un acto que ha tenido lugar en Mérida, en el que
también ha intervenido el director general de Arquitectura y Vivienda,
Manuel Lozano.

Los receptores de estas viviendas son parados con bajos ingresos y la
adjudicación se ha producido de forma directa al encontrarse en
situación de urgente y extrema necesidad. Este proceso de adjudicación
culmina tras un riguroso expediente que incorpora un análisis de los
servicios sociales de la Consejería y una resolución favorable de la
Comisión Técnica de Intervención Social.

Del Moral ha destacado que “el Gobierno de José Antonio Monago
continúa dando respuesta a las familias con bajos recursos a través de
medidas eficaces y ajustadas a derecho”. Por ello, ha añadido, “este
departamento continuará velando por que las viviendas sociales, que son
patrimonio de todos los extremeños, estén en manos de quienes realmente
las necesitan”.

CAMBIO NORMATIVO

La entrega de viviendas sociales a familias que han perdido su hogar
tras sufrir problemas económicos que han derivado en una ejecución
hipotecaria a instancias del banco es posible gracias a un instrumento
legal aprobado en 2013 por el Gobierno de Extremadura.

Para ello, el GobEx modificó el decreto 115/2006 del 27 de junio, por
el que se regula el procedimiento de Adjudicación de Viviendas de
Promoción Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En este
sentido, ha introducido un nuevo criterio objetivo que constituye la
base o la justificación para la adjudicación de vivienda por extrema y
urgente necesidad.

La nueva norma determina que se procederá a la adjudicación directa
en los supuestos en los que se acredite por parte de la unidad familiar
la perdida de la vivienda, tras una orden judicial de desahucio, por la
imposibilidad del pago de las cuotas hipotecarias. Esta modificación se
ha establecido con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2011.

Esta entrega de viviendas sociales a desahuciados hipotecarios
también está siendo posible gracias a la campaña de inspección del
parque de 14.270 viviendas públicas que la Consejería de Fomento está a
punto de finalizar. El objetivo es detectar disfuncionalidades en su uso
de cara a recuperarlas y readjudicarlas a ciudadanos que las necesitan.
Hasta la fecha se ha detectado que un 10% de ellas no están ocupadas,
lo están de forma ilegal o acogen actividades antisociales.

El Ejecutivo extremeño ha recuperado desde finales de 2011 más de 200
viviendas públicas a las que sus adjudicatarios iniciales no estaban
dando un uso legal. Todas ellas han sido readjudicadas de forma directa a
personas en situación de urgente y extrema necesidad.