El PP extremeño insta al Gobierno de España a no avanzar en la tramitación de la ley del Aborto, mientras no haya diálogo o consenso

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Así se va a reflejar en una propuesta de pronunciamiento ante el parlamento extremeño, para que sea debatida en el próximo pleno, y que ya ha sido presentada ante al cámara regional por el portavoz popular Miguel Cantero. .

En concreto, el PP de Extremadura, como
continuación a las declaraciones de su líder José Antonio Monago respecto a su
postura en torno a la controvertida ley y su reforma, insta al Gobierno de
Mariano Rajoy “ a
 no avanzar  en la tramitación del anteproyecto de ley del
aborto mientras no se abra un proceso de diálogo y alcanzado un consenso que
conduzca a una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo mucho más
consensuada y acorde con la sociedad plural y secularizada de hoy y, en
consonancia, con las legislaciones de los países del entorno de España”.

 

Los dos aspectos a
destacar por los populares son la seguridad jurídica de las mujeres con una
educación sexual que recorra todos los estadios educativos -desde la
coeducación real y efectiva- y la transmisión de valores de igualdad entre
hombres y mujeres y además,  los plazos
con la regulación específica de determinados supuestos, tales como
malformaciones, embarazos de menores de edad o violaciones,

 

La propuesta de pronunciamiento del PP ha sido
presentada esta mañana pro su portavoz parlamentario, Miguel Cantero, no sin
antes haber intentado consensuar una declaración institucional con la oposición
parlamentaria. N este sentido, ya es sabido que el PSOE lo que quiere es que se
retire la ley .

 

“ El derecho a decidir de las mujeres
sobre su maternidad no se puede enmarcar en un debate político, ético o
sociológico que no contemple como punto de partida irrenunciable la libre
decisión de las mujeres. La maternidad es un derecho fundamental cuyo ejercicio
no puede ser objeto de imposición ni tampoco de anulación por parte de ningún
estamento o instancia política, social o religiosa”,
expresa, entre otros términos y cuestiones, la
propuesta popular, muy distinta a la que se expresa en la reforma de la ley que
quiere sacar adelante el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

 

 


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