La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha criticado el acuerdo alcanzado ayer entre Gobierno y Comunidades Autónomas para la nueva PAC por haberse negociado “a espaldas del campo español”. El nuevo pacto dedica sólo un 12% a las ayudas acopladas, provocará grandes transferencias de fondos entre los diferentes perceptores y permitirá que cobren ayudas especuladores que inscribieron sus tierras en 2013. Aun así UPA reconoce avances, “fruto de la fuerza de nuestras reivindicaciones”, en la definición del agricultor activo.
“Una nueva oportunidad perdida”. Así
han calificado desde la organización agraria UPA los acuerdos alcanzados ayer
entre Gobierno y Comunidades Autónomas para la aplicación en España de la nueva
PAC. “Es la primera vez que Europa nos deja un margen tan amplio para adaptar
la Política Agraria Común, y las Administraciones se están repartiendo los
fondos como si fueran cromos”, lamentan desde UPA.
Los agricultores han rechazado
que los fondos destinados a ayudas acopladas se queden en el 12,08% -lejos del
15% prometido anteriormente-, que no se establezca un techo de ayudas por
explotación y que la regionalización que determinará cuánta ayuda percibe cada
productor se fundamente sólo en 22 regiones para toda España y todos los
sectores, lo que en opinión de UPA generará grandes transferencias de fondos
entre los perceptores.
La organización agraria reconoce
“ciertos avances” en la definición de qué es un agricultor activo y qué
actividad mínima debe demostrar. “De lo que se trata es de que las ayudas las
reciban los auténticos agricultores y ganaderos y no los especuladores. Parece
que han escuchado nuestro clamor”, declaran desde UPA. Ahora, los beneficiarios
de ayudas PAC deberán demostrar que el 20% de sus ingresos agrarios provienen
de la venta de sus productos.
El modelo acordado ayer supone la
creación de 22-24 regiones. Para UPA, “solo se han preocupado de limitar las
transferencias entre comarcas, pero no de las que se van a producir entre
agricultores de una misma comarca”.
UPA cree que este modelo se ha
diseñado para evitar la “bronca” entre Comunidades Autónomas por la previsible
transferencia de fondos, trasladando el problema a los agricultores y ganaderos
de los diferentes sectores de actividad.
Informe UPA: “Valoración
del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura del 21 de enero de 2014”
Agricultor activo. Actividad Mínima.
Nos
encontramos ante la primera ocasión en la que la Comisión Europea deja un
margen tan amplio a los Estados Miembros para actuar en este sentido.
La
definición acordada ayer es un mínimo avance con respecto a la situación
actual, pero es insuficiente. Para completar dicha definición sería necesario
relacionar los ingresos agrarios con la renta total del posible beneficiario, y
establecer una importancia relativa en porcentaje (25%) de los ingresos
agrarios sobre los totales.
Finalmente
se ha tomado como año de referencia el 2013. Esto supone validar la entrada de
hectáreas a mayores sobre las solicitadas en el año 2011. Además, en las
propuestas iniciales del Ministerio de Agricultura se incluía la necesidad de
tener un REGA declarado en el año de referencia acordado (2013), para evitar la
especulación de los últimos años. Incomprensiblemente este aspecto ha
desaparecido en el acuerdo de ayer, de manera que un especulador que en 2013
haya incluido hectáreas de pastos, ahora puede validarlas si se da de alta en
el REGA a partir del 2014.
En
la propuesta de Agricultura se introducía una cláusula por la cual, si alguien
declaraba pastos a distancia de su explotación, sería objetivo principal para
los controles. Esto no aparece en el acuerdo.
Se
introduce la necesidad de tener una carga ganadera mínima, que finalmente será
de 0,20 UGM/ha.
El
límite de 300 euros a partir del cual podrán recibirse ayudas directas se
aplicará a partir de la solicitud de ayuda correspondiente al año 2017. Para
facilitar la transición hacia la aplicación de este límite, en 2015 se aplicará
como límite 100€ y en 2016, se elevará a 200€. Asimismo, se facilitarán las
cesiones de derechos entre estos beneficiarios, de manera que no tengan
reducción o peaje a favor de la reserva nacional.
Regionalización
El
modelo aprobado supone la creación de 22-24 regiones homogéneas. Esto supone
aumentar las transferencias de dinero entre beneficiarios, con respecto a las
40 que se hablaban inicialmente.
En
estos momentos es imposible conocer las repercusiones que esta medida tendrá
para los agricultores y ganaderos. El acuerdo solo se ha preocupado de limitar
las transferencias entre comarcas, pero no las que se van a producir entre
agricultores de una misma comarca.
Es
hora que el MAGRAMA diga públicamente qué porcentaje de agricultores estarían
afectados por pérdidas de más del 10%. Hasta ahora solo ha informado que
alrededor del 1% perderían más del 30%, pero no ha mencionado de los porcentajes
de agricultores con pérdidas superiores al 10%, por ejemplo.
Ayudas acopladas
El
acuerdo supone dedicar un 12,08% a estas ayudas. Esto implica el incumplimiento
del acuerdo de la Conferencia Sectorial del mes de julio, donde se decía que
iba a ser el máximo (15%). Además España fue uno de los defensores de aumentar
ese porcentaje en las negociaciones en Bruselas.
Estas
ayudas son las que van destinadas de manera clara a la agricultura productiva,
y ahora perdemos alrededor de 150 millones de euros, para evitar más
trasferencias entre CC.AA.
Sería
necesario incluir a los sectores que permite la legislación comunitaria, y que
se encuentran en claro riesgo de abandono, como el olivar de pendiente. Además
no se produce una diferenciación entre el ovino de carne y de leche.
Se
desacopla la ayuda de rotación de cultivos en zonas de menos de 2000kg/ha,
perdiendo una herramienta muy buena para mejorar el acceso de la ganadería a
una alimentación más barata. Si se mantuviese acoplada estaríamos agotando
aproximadamente el 2% que la normativa comunitaria contempla como condición
para llegar al 15%. Además se estaría cumpliendo con el verdadero objetivo que
hay detrás de esta medida: conseguir proteína vegetal para nuestra ganadería.
Finalmente insistimos en no dejar fuera la alfalfa producida en España y que se
consuma por los ganaderos españoles. Lo mejor sería ligar la ayuda a la
existencia de contratos con ganaderos, pero si esto entraña una dificultad de
gestión importante, como alternativa proponemos que toda la alfalfa de secano
pueda entrara y la de regadío aquella que se comercialice en rama. Y ello
porque la alfalfa en rama nunca se exporta.
Techo por explotación
El
acuerdo de ayer no hace mención a este aspecto. La Comisión Europea permite
establecer límite a partir de 150.000 euros de pago básico, y como mínimo un
recorte del 5%.
