En un debate sobre la organización territorial del Estado, organizado
por la Fundación Presidente Rodríguez Ibarra y Caja Extremadura, Felipe
González ha sentenciado que en España sobran el 20% de los empleados públicos,
proponiendo que no se repongan las bajas, para así llegar a una situación
ideal.
Ideal, supongo, para él y para otros de los intervinientes juntos a
él, como María Dolores de Cospedal, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Miquel
Roca, que como ultraliberales desean un “Estado mínimo”, sustituyendo la mayor
parte de sus funciones por la iniciativa privada. Porque, vamos a ver:
– ¿Sobran empleados públicos enseñantes en colegios de infantil y
primaria e institutos de secundaria? Sí, si se desmantela el sistema y se
potencia la enseñanza privada y concertada.
– ¿Sobra personal sanitario en los hospitales y centros de salud de la
red pública? Sí, si se fomenta la consulta y los centros sanitarios privados
(también concertados o no concertados).
– ¿Sobran jardines de infancia, centros de mayores, servicios
sociales, bibliotecas públicas y centros culturales de titularidad estatal,
autonómica o local? Sí, en caso de que se dejen a la libre iniciativa.
– ¿Sobran transportes públicos urbanos, ferroviarios, etc.? Desde
luego, en tanto se hagan concesiones a empresas, a las que siempre se les
garantiza en los pliegos de condiciones el “equilibrio financiero”, o sea, la
ganancia.
– ¿Sobran, acaso, empleados públicos de limpieza viaria, bomberos,
guardas, policías? No cabe duda, si se eliminan los servicios oficiales y se
“concesionan” siguiendo el modelo del caso anterior.
– ¿Sobran “empleados de ventanilla” en ayuntamientos, servicios
autonómicos y estatales? Por supuesto, si se transfieren los servicios a la
empresa privada para que los gestionen.
Como “ha sobrado” la banca pública, la distribución pública de gas,
hidrocarburos, el correo, las telecomunicaciones… que ya parecen cosa de la
prehistoria.
Lo que no ha dicho Felipe González que sobren son consejeros de cobro
abultado, escandaloso, en eléctricas, gas natural, bancos, cajas y otras
prebendas en las él, y muchos de los que piensan como él están metidos.
Que lo diga un representante de una fuerza política liberal se
entiende. Que lo declare alguien que aún se ampara bajo las siglas de un
partido “socialista” y “obrero”, que tiene entre sus bases apostar por lo
público, gestionarlo eficazmente para dignificarlo, hacerlo útil y rentable,
evitando la especulación empresarial y la explotación de la “masa laboral”, no
tiene -ni ética ni estéticamente- justificación.
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