Durante su intervención, Cardesa ha afirmado que existen motivos que justifican la adopción de una solución específica para reducir los costes energéticos del sector de los regadíos, como la excepcionalidad del sector agrario, la importancia del regadío, el esfuerzo inversor en modernización, la gestión adecuada de los consumos o el hecho de que Extremadura es la única región Objetivo 1.

En ese sentido, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico está remitiendo una petición al Gobierno de la Nación en la que le insta a impulsar las medidas propuestas para paliar los efectos negativos sobre el sector del regadío en la región. Y es que, tras la revisión de los peajes de acceso desde el 2008, entre otras cuestiones, se constata un encarecimiento muy notable en la energía eléctrica que utiliza el regadío extremeño.

El director general ha facilitado, además, algunos datos que ejemplifican las anteriores afirmaciones. Así, ha explicado que en el periodo 2008– 2013 y para el conjunto de los 31 contratos de las comunidades de regantes de la comunidad, el coste regulado se ha incrementado 3,1 veces, es decir, 33,05 euros por hectárea al año; el peso del coste fijo en la factura regulada pasa de un 30 a un 88 por ciento; la carga de impuestos se incrementa 3,8 veces, es decir, 9,82 euros más por hectárea al año.

Juan José Cardesa ha lamentado que en seis años se ha triplicado el coste de la parte regulada del suministro eléctrico, con el agravante de que el 90% se factura de manera fija.

Así, el director general ha asegurado que existen motivos para un tratamiento ‘ad hoc’ para el sector regadíos con nuevas modalidades de contratación del suministro eléctrico, beneficios fiscales, apoyo al desarrollo de la Eficiencia Energética en el sector, restablecimiento de una tarifa especial para riesgos agrícolas y la actualización del calendario energético peninsular.