En la mesa redonda organizada por el Foro de Laicos de nuestra Diócesis hace unos días, se puso de manifiesto la implicación de algunos grupos católicos en diversas plataformas que buscan la pronta aplicación de la ley extremeña sobre la llamada “renta básica. No es algo nuevo ni extraño a las Iglesias Diocesanas de nuestra región. Pronto se cumplirán los quince años de la celebración del Congreso titulado “La Iglesia en Extremadura ante la Pobreza” en cuya declaración final se pedía algo similar: la instauración de un sistema nacional de renta mínima garantizada.
Tuvo lugar aquel
importante encuentro regional en el año de preparación para el Jubileo que
estaba dedicado a Dios Padre y a la Caridad. Se quería “subrayar más
decididamente la opción preferencial de la Iglesia por los pobres y los
marginados”, a hacer del “compromiso por la justicia y la paz en el mundo como
el nuestro, marcado por tantos conflictos y por intolerables desigualdades
sociales, un aspecto sobresaliente de la preparación al Jubileo… a hacernos voz
de los pobres del mundo” (Cf. TMA, 51).
Sirvió
para impulsar en nuestra Diócesis el compromiso socio-caritativo de los
cristianos a favor de los más necesitados. Particularmente se ha desarrollado
Cáritas tanto en sus programas diocesanos como en su presencia en las
parroquias, se ha incrementado el voluntariado católico en sus diversas
instituciones y la cantidad de recursos empleados. Especialmente en los últimos años de fuerte
crisis económica, hemos procurado unir nuestros
esfuerzos a otras organizaciones sociales y a las administraciones
públicas. Pero todo es poco para responder adecuadamente ante la situación
dramática que están sufriendo numerosos hogares, que han visto disminuir e
incluso desaparecer totalmente sus ingresos.
Se
suceden las campañas de recogida y distribución de alimentos y otros productos
de primera necesidad. Se hacen colectas extraordinarias, rifas y otros medios
para recaudar dinero que son bien conocidos pero resultan insuficientes. En los
últimos meses diferentes colectivos, entre ellos también asociaciones y grupos
católicos, vienen reclamando de la administración pública la implantación en
nuestra región de la “renta básica”, con el objeto, según dice la misma ley, de
“cubrir las necesidades básicas de quienes se encuentran en situación de
exclusión o riesgo de exclusión, y a promover su integración social y laboral”.
El
mejor paso de la exclusión a la integración se da cuando la misma persona
adquiere los recursos necesarios desempeñando
un trabajo, pero en esto tiempos de estancamiento económico y grave
dificultad para acceder a un empleo, los poderes públicos no pueden desatender
a los más desfavorecidos en sus necesidades más básicas ni dejarlos únicamente
a expensas de lo que puedan ofrecerles las organizaciones sociales.
Pido
a todos los fieles cristianos de la Diócesis que cuiden la acogida y el
acompañamiento cercano a quienes hoy pasan necesidad, ofreciéndoles la ayuda que puedan. También en aquel
Congreso que citaba al inicio de este artículo, se decía que, en la búsqueda de
la Justicia, es propio también, de los laicos cristianos su participación en
las diversas instituciones para contribuir a que éstas sean instrumentos de
desarrollo comunitario y de actuación a favor de los más pobres.
