El consejero de Fomento, Víctor del Moral, ha presentado ante el Consejo Asesor de Vivienda el anteproyecto de Ley de Accesibilidad Universal de Extremadura, que regula por primera vez de forma eficaz la accesibilidad en todos los ámbitos, desde la edificación a los espacios públicos, pasando por el transporte, internet y los bienes y servicios a disposición del público.
El
anteproyecto adapta la normativa extremeña a las modificaciones legales a nivel
nacional e internacional desde 1997. Actualiza, por tanto, todo lo relativo a
garantizar en la práctica los derechos de las personas con problemas en su
movilidad o con limitaciones sensoriales, visuales o auditivas.
También
pone los medios para que estas medidas de accesibilidad impregnen de forma
trasversal todas las políticas de la Administración.
Supera
y suprime el clásico concepto de “eliminación de barreras arquitectónicas” y
apuesta por un nuevo modelo cuya finalidad sea garantizar el pleno y libre
desarrollo de todas las personas en el medio social y comunitario.
La
redacción del anteproyecto obliga a que todo lo nuevo tenga que ser accesible,
conforme a las condiciones mínimas de accesibilidad, y solo excepcionalmente en
los espacios públicos y edificios existentes en los que las condiciones
preexistentes hagan técnicamente imposible o irrazonablemente costosa la
intervención acorde con dichas condiciones mínimas se admitirá la posibilidad
de realizar justificadamente soluciones alternativas que garanticen el mayor
grado de cumplimiento de estas condiciones.
Además
exige que los planes de autoprotección y los planes de emergencia y evacuación
de edificios, establecimientos e instalaciones de uso o concurrencia pública,
se adecuen a las necesidades de las personas con movilidad reducida o cualquier
otra limitación. Reunión del Observatorio
Por
otro lado incluye de manera expresa los espacios públicos naturales, tales como
parques y reservas naturales, playas fluviales, etc, respecto a los cuales se
establecen unas condiciones de accesibilidad y medidas de acción positiva.
La
redacción de la futura normativa amplía el alcance de la reserva de vivienda a
otros tipos de discapacidades no solo a la movilidad reducida permanente.
En
el texto del anteproyecto la Administración autonómica asume la regulación de
la acreditación de perros de asistencia, así como los derechos y obligaciones
de sus propietarios y garantiza el libre acceso de las personas que vayan
acompañadas de estos perros a todos los lugares, establecimientos y transportes
de uso público.
La
normativa supondrá que se amplía la obligación de crear plazas de aparcamientos
accesibles en la vía publica en las proximidades de ciertos edificios de
interés para la ciudadanía, como (clínicas, hospitales, centros de día etc…)
cuando los mismos no dispongan de aparcamiento público propio.
VIVIENDAS SOCIALES Y VPO
Durante
la reunión del organismo asesor, el titular de Fomento ha informado también de
las políticas de vivienda del Gobierno de Extremadura, con inversiones por
importe de 15 millones de euros para poner a disposición de las familias con
bajos recursos económicos 210 viviendas sociales de nueva construcción en una
treintena de municipios extremeños durante los dos próximos años.
Se
ha abordado el estado actual de los planes de vivienda estatal y autonómico. El
montante conjunto se eleva a 126,7 millones de euros en ayudas a la vivienda
hasta el 2016, lo que no sólo aliviará las economías de cientos de familias,
sino que supondrá un balón de oxígeno para una parte de las empresas de
construcción a través de las obras de rehabilitación.
Un
total de 57,4 millones corresponden a las subvenciones de la Administración
regional y 69,3 millones a las del Estado.
Víctor
del Moral ha destacado, por otra parte, el marcado carácter social de todas las
medidas que está impulsando el Gobierno de José Antonio Monago. En lo que va de
legislatura, se han entregado casi 800 viviendas sociales y más de 400 VPO a
familias extremeñas que necesitan este tipo de viviendas.
“Hablamos
por tanto de más de 1.200 viviendas a disposición de extremeños que sin esta
actuación decidida de las administraciones públicas difícilmente hubieran
podido acceder a un hogar digno”, ha remarcado el consejero.
El
titular de Fomento ha informado que en el último año se han entregado 38
viviendas sociales a familias que habían sido desalojadas judicialmente de su
hogar por no poder pagar la hipoteca al banco.
También
ha indicado que 1.393 familias que residen en viviendas de promoción pública de
titularidad autonómica están disfrutando de una rebaja o de una exención total
de la cuota mensual de alquiler.
“Ningún
adjudicatario de una vivienda social que no pueda pagar la mensualidad porque
haya perdido su trabajo o por que haya visto recortados sus ingresos
sustancialmente se va a quedar en la calle; puede dejar de pagar la renta o
parte de ella, pero de manera legal, acudiendo a los servicios sociales de la
Consejería”, ha dicho Del Moral.