El Servicio Extremeño de Salud (SES) presentará este lunes ante la Fiscalía Provincial de Badajoz una denuncia por presunta prevaricación en la gerencia del Área de Salud Llerena-Zafra, que «durante casi 10 años», habría «incumplido sistemáticamente todo lo dispuesto en la normativa vigente en materia de contratación pública»
El consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha avanzado la presentación de esta denuncia en rueda de prensa en Mérida, en la que ha explicado que los hechos se produjeron entre el año 2002 y noviembre de 2011 en el Servicio de Mantenimiento del Hospital de Zafra, cuando fueron consejeros de Sanidad los socialistas Guillermo Fernández Vara y María Jesús Mejuto.
Hernández Carrón ha señalado que «en base a la documentación que se ha analizado», se ha «constatado» que en esa gerencia «se contrató verbalmente, sin licitación y sin tramitar» expedientes de contratación «por una cuantía media mensual de 50.000 euros».
Una contratación «sin ningún tipo de control» en la que durante estos años se adjudicaron siete millones de euros «sin contratos, sin base jurídica legal» desde el SES, unos hechos que, según ha considerado Hernández Carrón, «pueden ser constitutivos de infracción penal».
1.600 EUROS DIARIOS
En su intervención, Carrón ha destacado que esta contratación supuso que «unos 1.600 euros diarios se pagaran a esa empresa sin ningún tipo de contrato» durante estos «casi diez años», ha dicho.
Según ha relatado, este caso «se detectó cuando en noviembre de 2011 se agotaron los créditos que habían sido autorizados por anteriores responsables para pagar el mantenimiento del Hospital de Zafra» en esa partida concreta, y fue «cuando se descubrió que no existía ningún contrato», sino que «directamente se iba prorrogando una serie de contraciones que se habían celebrado».
Así, al analizar la base jurídica de esas contrataciones «se detectó que no existían, y que simplemente había un acuerdo verbal», por el que «se iba contratando de una forma automática», ha explicado el consejero de Salud, quien ha añadido que «las pruebas son todos los documentos de retención de crédito y posteriores facturas emitidas por la Gerencia del área», ha señalado.
En esa documentación se pudo «determinar que había ahí una merma de base jurídica que sustentaran esos contratos durante tanto tiempo», ha destacado Hernández Carrón.
«Estamos ante unos hechos que son inaceptables», ha considerado el consejero de Salud, quien ha añadido que el Gobierno extremeño «actúa con firmeza y con responsabilidad» ante estos hechos, «sobre todo a la vista de las disposiciones legales y de los informes jurídicos que nos han llegado y que han sido analizados», ha señalado.
SE INFORMARÁ EN LA ASAMBLEA
Tras analizar este informe, se acudirá a la justicia «para pedirle que inicie las diligencias necesarias para investigar este pregunto delito», así como para «que ejerza todas las acciones penales que sean procedentes contra quienes lo cometieron», ha aseverado el consejero de Salud.
Finalmente, Hernández Carrón ha avanzado que se realizará una comparecencia en el Parlamento de Extremadura «para explicar con todo lujo de detalles» esta denuncia ante la Fiscalía.
