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Fomento consensúa la nueva Ley de Accesibilidad con los representantes de los discapacitados

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El consejero de Fomento, Víctor del Moral, se ha reunido con los representantes del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Extremadura para consensuar el texto definitivo de la nueva Ley autonómica de Accesibilidad Universal, antes de que se inicie el trámite parlamentario de ésta.

Del Moral ha destacado que se han incorporado al anteproyecto todas las indicaciones realizadas por el CERMI, porque el Gobierno autonómico pretende que la nueva norma nazca con el acuerdo unánime de todos los colectivos que trabajan por y para los discapacitados.

 

Asimismo el CERMI ha valorado el esfuerzo del Gobierno de Extremadura adaptar la normativa extremeña a las modificaciones legales que han tenido lugar a nivel nacional e internacional desde 1997. Asimismo, muestra su satisfacción por que sus aportaciones hayan sido tenidas en cuenta.

 

El máximo órgano de representación de los discapacitados extremeños y sus familias ha destacado la apuesta decidida de la ley por una transversalidad en políticas de discapacidad.

 

También considera importante la creación del Observatorio Extremeño de la Accesibilidad y que se implementen planes de accesibilidad tanto a nivel autonómico como municipal.

 

Considera muy importante, por último, el establecimiento de un régimen de infracciones y sanciones en materia de accesibilidad, ya que son muy pocas las autonomías que se han atrevido a ponerlo en marcha.

 

PRINCIPALES LÍNEAS DE LA LEY

 

La Ley de Accesibilidad Universal de Extremadura regulará por primera vez de forma eficaz la accesibilidad en todos los ámbitos, desde la edificación a los espacios públicos, pasando por el transporte, internet y los bienes y servicios a disposición del público.

 

El anteproyecto de Ley de Accesibilidad Universal adapta la normativa extremeña a las modificaciones legales a nivel nacional e internacional desde 1997.

 

Actualiza, por tanto, todo lo relativo a garantizar en la práctica los derechos de las personas con problemas en su movilidad o con limitaciones sensoriales, visuales o auditivas.

 

También pone los medios para que estas medidas de accesibilidad impregnen de forma trasversal todas las políticas de la Administración.


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