El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, y el secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, han coincidido en la necesidad de aplicar la cláusula social a los contratos que se realicen en la administración autonómica.
Un asunto que se ha abordado este jueves en el pleno del Parlamento de Extremadura, a raíz de una pregunta del dirigente socialista al presidente extremeño sobre si «tiene pensado la Junta de Extremadura aplicar la cláusula social a los contratos de la administración autonómica».
«No solamente lo tenemos pensado incorporar, sino que ya lo tenemos incorporado en buena parte», ha respondido José Antonio Monago.
Ante esta respuesta, Vara ha considerado que «no parece que ese sea el resultado de las adjudicaciones de contratos que se están viendo, que parece que van más en la línea exclusivamente económica, que la incorporación de cualquier cuestión que tenga que ver con la cláusula social».
Para el dirigente socialista, esta cláusula social «tiene bastante importancia en unos tiempos en los que las limitaciones presupuestarias deben hacernos intentar llevar la totalidad del presupuesto hacia el máximo de las políticas sociales».
En ese sentido, ha destacado Vara que con la aprobación, el pasado mes de febrero, de la directiva europea 24/2014 permite «poder aplicar una parte del gasto productivo también a llevar a cabo política social», con lo que «se abre un panorama alentador» para personas que tienen algún tipo de discapacidad, para que «no haya la tradicional dicotomía entre lo que se dedica a gastar en inversión y lo que se dedica a gastar en política social», ha apuntado.
En su réplica, el presidente extremeño ha destacado que comparte «plenamente» la posición de Vara, y en ese sentido ha señalado que su gobierno ha «anticipado y garantizado medidas de integración social para las personas con discapacidad en el ámbito de la contratación pública».
Ha explicado que en los pliegos de condiciones de los contratos tipo de suministros de servicios y de obras «ya se incorporan como criterios de selección de las empresas» el cumplimiento de cláusulas en el ámbito social, que además suponen «un elemento para poder determinar la exclusión del procedimiento».
Y es que, en esos pliegos de contrato, el Gobierno regional exige el cumplimiento de la Ley 13/82 de Integración Social, así como que los licitadores aporten una «declaración responsable de la empresa constando que cumplen con este requisito».
Además, se establece que en caso de empate entre empresas, se inclinarán por aquellas «que tengan en su plantilla personas con discapacidad y que sean empresas de inserción», ha apuntado Monago.
Ha apuntado otras medidas que se han puesto en marcha, como el «establecimiento de un cupo de contratos reservados, equivalente al 6 por ciento de los contratos adjudicados en el presupuesto anterior», en favor de los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro y de los centros de inserción sociolaboral.
Además de estas medidas, el presidente extremeño ha avanzado que «en próximos consejos de gobierno» van a «elaborar unas directrices para abundar más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, porque hay recorrido».
