El Partido Popular no contará con el apoyo de ninguno de los partidos de la oposición y que necesita para sacar adelante el anunciado código ético que regule la relación de los diputados del Parlamento de Extremadura con las redes sociales y que les proteja de ataques de usuarios de los mismos que sean constitutivos de delito.
Se trata de una propuesta planteada el pasado mes de mayo por el presidente de la Cámara autonómica, Fernando Manzano, a raíz de los acontecimientos ocurridos con motivo del Debate sobre el Estado de la Región, la posterior moción de censura, así como tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.
La propuesta de Manzano, que es además el secretario general del PP de Extremadura, pasa por constituir en el seno del Parlamento regional un grupo de trabajo en el que junto a él mismo estarían los portavoces de los cuatro partidos representados en la Cámara legislativa: el Grupo Popular, el Socialista, IU-Verdes, y el regionalista PREx CREx.
Dicho código tendría como objetivo proteger a los diputados de comentarios en las redes sociales que supongan un quebranto contra la legislación vigente, y asimismo establecería sanciones para aquellos miembros de la Cámara legislativa que actúen en la red de forma inapropiada entre sí o hacia los ciudadanos.
En virtud del mismo, será la propia Cámara autonómica la que denunciaría ante la Fiscalía a los autores de comentarios en redes sociales que se entiendan como una amenaza o una calumnia contra los parlamentarios, y asimismo establecerá un régimen de sanciones económicas para los diputados que realicen comentarios ofensivos, tipificados por la ley, entre si o dirigidos a los ciudadanos.
Aunque el presidente del Parlamento subrayó al presentar esta propuesta que los cuatro grupos le habían mostrado su predisposición a la creación del citado grupo de trabajo, finalmente solo su partido el PP, está dispuesto a seguir adelante con la propuesta.
PSOE E IU, NO PARTICIPAN
El PSOE ni siquiera acudirá a la constitución del grupo de trabajo, como así señaló su portavoz parlamentario, Valentín García, la pasada semana en la reunión de la Comisión de Reglamento, en la que se votó, y se aprobó con los únicos votos a favor del PP, la creación del grupo de trabajo.
Así, mientras que los socialistas votaron en contra, IU no votó, porque su representante en dicha comisión, Alejandro Nogales, se ausentó de la sala en el momento de la votación. No obstante, el diputado Víctor Casco, uno de los más activos en las redes sociales del arco parlamentario extremeño, ha confirmado a Europa Press que tampoco tomarán partido en este grupo de trabajo.
Finalmente, PREx CREx, cuya apoyo permitiría al PP sacar adelante el citado código deontológico, sí asistirá a la creación del grupo. Damián Beneyto, quien se abstuvo en la votación porque sí considera oportuno reformar el reglamento de la cámara para solucionar algunos aspectos de su funcionamiento (ambas propuestas se votaron conjuntamente), ha señalado que acudirá porque es lo «lógico», pero que en cualquier caso no apoyará nada relacionado con las redes sociales.
YA REGULADO POR LEY
El portavoz socialista, sostiene que este asunto está ya «regulado por Ley», por lo que considera que el Parlamento extremeño no tiene capacidad para legislar sobre el asunto. Asimismo, insiste en que si algún miembro de la cámara se siente víctima de un delito a través de las redes sociales, lo que debe hacer es acudir a la Justicia.
«Si alguien se siente amenazado, que vaya a los tribunales. Lo demás es marear la perdiz», remarca García, quien insiste en que para estas cuestiones «están las leyes», y que no es necesario «inventar nada nuevo». Asimismo, se pregunta quién va a vigilar que se cumple dicho código. En su opinión, la propuesta de Manzano pretende «poner puertas al campo».
En este sentido, el presidente de la Cámara replicó en la citada comisión que en las redes sociales se publican «barbaridades» amparándose en el anonimato, y que actualmente «falta mucha regulación» sobre estas cuestiones, por lo que considera oportuno poner en marcha un código de conducta en el que sean los propios representantes de los ciudadanos quienes den «ejemplo». En cuanto al órgano encargado de velar por el mismo, éste sería la Comisión de Estatuto del Diputado.
Manzano considera que, como presidente, ha de poner cuantos medios tenga a su mano para impedir que se «insulte» a «ningún miembro» del Parlamento, y asimismo ha subrayado que no quiere «ni pensar» que algún diputado utilice dispositivos del Parlamento para, a través de perfiles inventados, insultar y amenazar a otros parlamentarios ni a ciudadanos.
COARTA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El diputado de IU Víctor Casco considera por su parte que este grupo de trabajo es «inútil» y que «no tiene sentido», salvo un interés por «coartar la libertad de expresión de los ciudadanos». «La mala educación no es un delito», ha apuntado, al tiempo que ha añadido que aquellas cuestiones que sí lo sean, ya están regulados por Ley y, por tanto, supondría una «reiteración normativa».
Casco sostiene que, de algún modo, el «privilegio» que tienen los diputados para hacer uso del «máximo grado de libertad de expresión», tiene la contrapartida de asumir que los «insultos» van «incluidos en el sueldo».
Asimismo, considera que la puesta en marcha de este mecanismo, que llevaría al Parlamento a denunciar a los autores de posibles delitos para proteger a los diputados, contribuiría a «alejar más a los políticos de los ciudadanos». Por todo ello, señala que «la firma de IU no estará en ningún código» como el planteado por el presidente de la cámara.
Esta es la misma línea que mantiene el portavoz de PREx CREx, Damián Beneyto, quien sostiene que la propuesta de Manzano es «bastante peculiar» por cuanto plantea la creación en el seno del Parlamento de «una especie de tribunal del honor», y que para regular estos asuntos ya están los juzgados ordinarios.
Por tanto, aunque asistirá al nuevo grupo de trabajo, ha aclarado que sólo lo hará porque considera necesario reformar el reglamento en lo que concierne a determinados aspectos como el desarrollo de las mociones de censura.
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Cantero, reprochó al PSOE su negativa a poner en marcha una propuesta que considera «pertinente», por cuanto fijaría unos «límites» para que «la eventual pasión dialéctica no traspase los límites de la legalidad».