El consejero ha reiterado que el Gobierno regional «no» está de acuerdo con cómo está haciendo las cosas el Ministerio de Industria en este aspecto, porque debería «consensuar» estos acuerdos con las comunidades autónomas y el sector, y «no» está dando seguridad jurídica a los inversores.
En este sentido, ha recordado los cinco recursos de inconstitucionalidad que ha presentado Extremadura contra otras tantas normativas que «no favorecen» a este sector en la comunidad autónoma.
Ha recordado también que el decreto aprobado el pasado viernes, ha dicho, es el desarrollo del Real Decreto Ley 9/2013, que es uno de los que está recurrido por el Gobierno extremeño. «Nosotros no somos sospechosos en esta materia», ha insistido, al tiempo que ha recalcado que la Administración regional «seguirá defendiendo los intereses de Extremadura, garantizando la seguridad jurídica de los inversores, como está haciendo».
