UPA-UCE exige la actuación urgente de Agroseguro ante los daños por las lluvias de este martes

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La organización profesional UPA-UCE ha reclamado la actuación “urgente” de Agoroseguro ante los daños ocasionados por las lluvias de este pasado martes, día 24.

La zona de Vegas Altas ha sido una de las más afectadas por la tromba de agua y granizo, aunque también han sufrido daños explotaciones de la comarca de Mérida, Tierra de Barros y las Vegas Bajas.

 

Por sectores, el tomate, los frutales, el maíz, el melón y la sandía se han llevado la “peor parte” de ese tormenta de agua y granizo que descargó hasta 45 litros por metro cuadrado en apenas 15 minutos en dichas zonas, según ha informado UPA-UCE.

 

El secretario general, Ignacio Huertas, ha señalado que “habrá que esperar a los próximos días para hacer una valoración más concreta de los daños y para ver cómo evoluciona la climatología, aunque el problema ahora es el encharcamiento”.

 

Una situación que puede desencadenar “problemas fitosanitarios y enfermedades para los cultivos”, lo que “aumentará los costes de producción para el agricultor”, que tendrá que hacer frente a “más tratamientos y puede ocasionar descensos en las producciones”.

 

Por ello, Huertas ha demandado que Agroseguro agilice los peritajes y que la Administración realice un seguimiento de las zonas y cultivos afectados.

 

Asimismo, ha exigido al Gobierno extremeño que apueste por “políticas activas en materia de seguros agrarios” para anticiparse a este tipo de situaciones.

 

“Reivindicamos la vuelta al anterior sistema de seguros agrarios para incentivar la contratación y que la línea cuente con un presupuesto suficiente para que nuestro campo esté protegido ante este tipo de situaciones”, ha indicado.

 

UPA-UCE Extremadura ha recordado que la región ha pasado de contar con un presupuesto de 9,5 millones de euros en 2010 a 4 millones de euros en 2014, y los recortes también se han notado en las partidas nacionales.

 

 Asimismo, ha rechazado el modelo de comunidades como la extremeña en el que “es el propio agricultor o ganadero el que financia la ayuda pública” y se establece como un “sistema paralelo” a las ayudas nacionales con el objetivo de “reducir presupuesto”.

 

“Cuando el productor contrata un seguro no sabe si le concederán la ayuda, ya que se resuelve hasta un año y medio después. Tampoco conoce el porcentaje de ayuda ni la cuantía, lo que supone añadir más incertidumbre para el agricultor o ganadero”, ha criticado.


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