El Parlamento de Extremadura ha autorizado al Gobierno regional a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) de hasta 100 millones de euros, a las que se sumará una cantidad igual aportada por las entidades de crédito que quieran participar en la iniciativa, destinadas a financiar operaciones de inversión en las pymes extremeñas.
El consejero de Hacienda y Administración Pública, Clemente Checa, , ha reclamado el apoyo de la Cámara a la Ley que autoriza al Ejecutivo regional a formalizar el acuerdo con el BEI, y cuyo objetivo es solucionar el «grave problema» que padece el tejido empresarial con respecto al acceso al crédito.
La propuesta ha recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto del PSOE, que se ha abstenido al entender que la Ley, y sin estar en contra de ella, es «un parche» que no ataja el principal problema que según ha defendido el diputado socialista Jorge Amado tiene el empresariado extremeño, y que es la falta de circulante.
Checa, quien ha avanzado que ya hay entidades financieras que han comunicado su interés en participar en estos fondos de financiación, ha señalado que el Gobierno regional ha apostado por impulsar nuevas «herramientas» destinadas a «facilitar el acceso al crédito» de las empresas, y en este sentido ha recordado el fondo Jeremy puesto en marcha en 2013.
Según los datos facilitados este jueves, este fondo se inició con 15,7 millones de euros y fue posteriormente ampliado hasta los 30 millones. Una cantidad que a día de hoy, y tras haberse cerrado casi 400 operaciones, está «a punto de agotarse», pues aún quedan otro centenar de propuestas de financiación que esperan una respuesta.
EFECTO MULTIPLICADOR
Checa ha explicado que se trata de una operación de endeudamiento a largo plazo de un máximo de 100 millones con el Banco Europeo de Inversiones, que se pueden utilizar en una o varias convocatorias, para operaciones de pymes.
La principal ventaja de esta fórmula de financiación, ha defendido, es «el efecto multiplicador», puesto que por cada euro que aporte el BEI, las entidades financieras privadas aportarán otro, con lo que se podrá poner sobre la economía extremeña hasta 200 millones de euros para financiar estas operaciones de inversión en pymes.
Asimismo, ha remarcado que se trata de préstamos reembolsables, por lo que a medida que las empresas van devolviendo los créditos, otras compañías podrán ir solicitando nuevos créditos.
La aprobación de la Ley en el Parlamento era un paso necesario para autorizar al Gobierno a formalizar las operaciones de crédito con el BEI, que ya lo aprobó el pasado 7 de mayo. Una vez firmada la formalización, el Gobierno extremeño firmará el crédito y abrirá una convocatoria pública para todas las entidades financieras que quieran participar.
En este sentido, ha subrayado que ya hay entidades «muy interesadas» en participar tras la experiencia proporcionada, ha dicho Checa, por su participación en el fondo Jeremy.
PALIAR LA FALTA DE CIRCULANTE
El diputado del PSOE, Jorge Amado, ha destacado que resulta «paradójico y contradictorio» que el ahora consejero de Hacienda y Administración Pública haya defendido esta ley, teniendo en cuenta que participó como presidente del Consejo Consultivo, cargo que ha ocupado hasta hace unos días, tras la renuncia de Antonio Fernández, en la elaboración del dictamen de la norma.
Un dictamen, ha señalado, en el que realizaba unas serie de «recomendaciones» que este jueves ha reclamado al propio Checa que ponga en práctica.
El diputado socialista ha defendido la abstención de su grupo a una propuesta que «no es suficiente ni de lejos para solventar el acuciante problema de la empresa extremeña, que es la falta de circulante».
Al respecto, ha abundado en que los empresarios que quieran acogerse a estos fondos no podrán solicitar un préstamo para afrontar el pago de nóminas u otros gastos corrientes, que es donde considera que se encuentra el «mayor problema» del tejido empresarial extremeño, formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas.
SE DESCONOCEN LAS CONDICIONES
Ha añadido que, por «coherencia», el consejero debería haber retirado la Ley y haberla llevado posteriormente al Parlamento con determinada información de la cual carece el texto. Así, ha citado la ausencia de una valoración del coste administrativo y financiero. «No se establece el tipo máximo», ha dicho Amado, quien ha añadido que tampoco se señala nada sobre el procedimiento ni «las condiciones» de los créditos para que éstos lleguen a las pymes.
En esta misma línea se ha manifestado la diputada de PREx-CREx Fernanda Ávila, quien ha defendido que apoyará «todo lo que sea ayudar a las pymes», pero que ha pedido al consejero que aclare las condiciones en las que se conceden los créditos.
En respuesta a esta reclamación, Checa ha señalado que estas cuestiones se conocerán cuando se abra la convocatoria a las entidades financieras, que serán las que presentarán sus ofertas de fondos y los tipos de interés con los que están dispuestos a participar. Asimismo, ha replicado a Amado que la actual legislación no permite que estos fondos sean destinados a operaciones de gastos corrientes.
CRÉDITO MÁS BARATO Y CONFIANZA
El diputado de IU-Verdes, Alejandro Nogales, ha apoyado la propuesta por entender que el BEI es una entidad «sin fines de lucro» y que recoge los fondos del mercado de capitales, por lo que el dinero que se pondrá a disposición de las pymes será «más barato».
Ha defendido asimismo que la financiación destinada a operaciones de inversión es «muy necesaria» para las empresas de la región. Por último, ha señalado que espera que estos fondos se agoten lo antes posible debido a los efectos positivos que ello supondrá sobre la economía regional.
Por último, el diputado del PP José Ángel Sánchez Juliá ha remarcado que la posibilidad de acceder a este tipo de operaciones con el BEI pone de manifiesto que Extremadura y el Gobierno regional tiene «credibilidad» ante la UE y sus instituciones.
Según ha señalado, esto es así porque Extremadura es una región «cumplidora», que no ha necesitado acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), porque la Administración regional ha sido capaz de «sanear y controlar las cuentas públicas».
