El Gobierno de Extremadura ha garantizado que seguirá trabajando para que las viviendas de promoción pública estén en manos de las familias más necesitadas de cada municipio y no en poder de quienes las ocupan irregularmente, las destrozan o mantienen en ellas conductas asociales.
Así se lo ha transmitido el director general de Arquitectura y Vivienda, Manuel Lozano, a los representantes del Campamento Dignidad, del PSOE e IU con quienes ha mantenido una reunión en la sede de la Consejería de Fomento en Mérida.
Lozano ha informado al Campamento Dignidad que el carácter social es el sello de todas las políticas de vivienda que desarrolla la Administración autonómica.
En este sentido, ha indicado que la Consejería de Fomento ha entregado en los últimos siete meses 37 viviendas sociales a familias que habían sido desalojadas de su hogar por no poder pagar la hipoteca al banco.
Esto ha sido posible porque se modificó en marzo de 2013 el Decreto de adjudicación de viviendas, creando así un instrumento legal, eficaz, capaz de dar respuesta a las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias.
Gracias a otra modificación de esta misma normativa, los inquilinos de las viviendas sociales que no pueden abonar las cuotas por cambios en su situación económica se benefician de una rebaja en el alquiler e incluso pueden llegar a la exención total de la renta durante dos años.
A día de hoy 1.393 familias que residen en viviendas de promoción pública (el 10% del total) están disfrutando de la exención del pago.
“Como se puede comprobar, ningún adjudicatario de una vivienda social que no pueda pagar la mensualidad porque haya perdido su trabajo o por que haya visto recortados sus ingresos sustancialmente se va a quedar en la calle; puede dejar de pagar la renta o parte de ella, pero de manera legal, acudiendo a los servicios sociales de la Consejería”, ha declarado el director general de Vivienda.
DESAHUCIOS JUSTIFICADOS
En la presente legislatura, las autoridades judiciales han decretado 111 desahucios en viviendas sociales del parque público autonómico.
En la práctica totalidad de los casos se trataba de inmuebles desocupados, ocupados ilegalmente o donde se realizaban conductas antisociales.
Los desahucios por impago son minoría. Todos ellos se han debido a que el adjudicatario adeudaba más de 100 recibos mensuales –lo que demuestra que la deuda no guardaba relación con una situación sobrevenida por la crisis—y a que se acreditaba que éste tenía medios para no haber tenido que llegar a este extremo.
En todos los casos, estas viviendas recuperadas están siendo entregadas de nuevo a familias con bajos recursos. Fiel ejemplo de ello son los procesos actualmente en marcha en Cáceres, Mérida y Plasencia, donde los servicios sociales municipales seleccionarán, por baremación, a las familias más necesitadas para entregar 60, 20 y 10 viviendas sociales, respectivamente, en los próximos meses.
Manuel Lozano ha asegurado a los representantes del Campamento Dignidad que los servicios sociales de la Consejería seguirán analizando la situación de cada familia, caso a caso, impulsando sólo los expedientes de lanzamiento cuando se trate de situaciones en las que se acredita el mal uso de un bien público como es una vivienda social.
