La Presidencia de IU Extremadura ha respaldado a su diputado autonómico Alejandro Nogales y ha señalado que éste ha sido víctima de una «filtración oportunista y controlada» de unos datos sobre su relación con Caja Rural de Extremadura acerca de una «supuesta» deuda, que en todo caso pertenece a su «ámbito privado», y que tenía el objetivo de «intentar condicionar» su voto respecto a la Ley de Crédito Cooperativo.
La Presidencia ha celebrado una reunión en la que ha analizado la publicación en los medios de comunicación de unas «supuestas» deudas de Nogales contraídas con Caja Rural de Extremadura desde el año 1995, sobre la cual la dirección del partido llega a la conclusión de que tanto el diputado, de forma individual, como la propia formación política, han sido víctimas de «prácticas mafiosas».
IU considera que las explicaciones ofrecidas por el diputado han dado «más detalles» sobre la situación, que le llevan a concluir que la «supuesta» deuda «corresponde al ámbito privado» de Nogales en el año 1995, época en la que «no era ni cargo público, ni cargo electo, ni formaba parte de la dirección de Izquierda Unida de Extremadura».
Así, según la presidencia de IU, la «supuesta deuda» correspondería a un proyecto empresarial «fallido» que provocó «perdidas» en todos los socios, incluida la propia Caja Rural, como «padrino financiero».
Entiende que tras 16 años en los que Nogales no ha recibido reclamación de las cantidades ni notificación sobre deudas vivas, es «más que razonable considerar, y así lo establece el Derecho, que la entidad Caja Rural de Extremadura ha desistido de recuperar cualquier cantidad» del fallido proyecto.
PRÁCTICAS ‘MAFIOSAS’
La formación ha destacado que la «filtración» de estos datos que se remontan 16 años atrás se produce en el momento en que éste ostenta la condición de diputado autonómico y «precisamente dos días antes» de que se produzca en el Parlamento extremeño una votación que «afecta específicamente a la gobernanza interna y relaciones exteriores de las cooperativas de crédito» y, por tanto, a Caja Rural de Extremadura.
Esto, constituye «un grave intento de coaccionar la voluntad política personal de Alejandro Nogales como diputado y de la organización política a la que representa», señala la dirección regional de IU.
En cualquier caso, la Presidencia valora que el trabajo de Alejandro Nogales como diputado ha sido «hasta ahora exhaustivo e impecable», y que «con este intento de coacción para intentar condicionar una decisión política, tanto él individualmente como IU Extremadura», han sido «víctimas de prácticas mafiosas».
Estas situaciones, añade IU, han sido denunciadas ante los tribunales, pero «no han tenido éxito», si bien «pueden haber dañado la imagen y el prestigio» tanto del diputado como del partido.
Por este motivo, la formación espera que la querella presentada por Alejandro Nogales «tenga el mejor recorrido posible», que permita «depurar las responsabilidades personales o corporativas que correspondan», así como «exigir las compensaciones que haya lugar por los daños causados».
Además considera que la «filtración oportunista y controlada» de los datos privados de Alejandro Nogales, «intentando claramente condicionar sus decisiones», también afecta a ésta organización, por lo que está estudiando la posibilidad o conveniencia de sumarse a la querella presentada por el diputado.
