Checa asegura que los informes que realizó encajan en las excepciones de la Ley de Incompatibilidades

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El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Extremadura, Clemente Checa, ha asegurado que los informes que realizó cuando era miembro del Consejo Consultivo para diversas administraciones “encajan plenamente” en las excepciones que se recogen en la Ley de Incompatibilidades de 1985.

[Img #37574]Checa ha mostrado un documento por el que la Junta de Extremadura le encargó en 2010, bajo el mandato del socialista Guillermo Fernández Vara, la redacción de un informe jurídico sobre el modelo de financiación autonómica, y en el que se establece que estos trabajos se recogen “en las excepciones previstas” en esta Ley de Incompatibilidades.

 

De esta forma ha replicado a una información publicada por el diario Hoy, en la que se asegura que el consejero de Hacienda cobró por realizar informes a ayuntamientos e instituciones en la etapa en la que era miembro del Consejo Consultivo.

 

Ha destacado que esas “imputaciones” que se realizan son “completamente falsas, equivocadas y erróneas”, ya que según ha relatado, la Ley de Incompatibilidades del año 1985 “establece una serie de prescripciones a los altos cargos para que se abstengan de realizar determinadas actividades”, pero “al mismo tiempo también establece una serie de excepciones a esas posibilidades”.

 

Unas excepciones en las que “se permite realizar trabajos académicos, científicos y técnicos que están perfectamente habilitados por la ley”, ha explicado Checa, quien ha añadido que en este documento de encargo del informe “se afirma taxativamente” que “ese contrato respondía expresamente a una de las excepciones que conformaba la posibilidad de que pudiese realizar trabajos técnicos”.

 

Asimimso ha confiado en que el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara confirme este extremo, ya que “hay un documento que lo avala, que lo dice claramente, ya que fue dictado durante su mandato por un consejero suyo”.

 

En caso contrario, ha dicho, se “vería en la obligación de tener que denunciar a quien corresponda por haber hecho acusaciones manifiestamente infundadas, falsas, y que no responden a la realidad”, ha advertido.


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