La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente, ha explicado que la Ley del Consejo Consultivo de la comunidad se reformará para «evitar confusión y ambigüedad» en algunos asuntos como pueden ser las excepciones de incompatibilidades.
Ha considerado que «hace falta precisar, aclarar, clarificar ese tipo de excepciones», así como «dar mayor claridad y definición a la norma y al alcance y a las limitaciones de esas excepciones».
Para ello, tras la reforma de la ley se obligará «a informar tanto al pleno del Consejo Consultivo y a notificar al registro de conflictos de intereses», a los miembros de este órgano sobre la realización de informes o dictámenes, y «además se quiere prever un régimen sancionador».
«No es solo comunicar, es que se autorice y que si se incumple, se impongan una serie de sanciones», ha aclarado la vicepresidenta, quien ha señalado que la reforma de esta ley no es un hecho aislado, sino que «se enmarca en un conjunto de normas que tienen que ver con la transparencia, con la regeneración democrática o con el régimen de incompatibilidad», ha aclarado.
Una reforma anunciada tras la polémica generada en los últimos días tras conocerse que el actual consejero de Hacienda, Clemente Checa, realizó cuando era miembro del Consejo Consultivo de Extremadura, informes para otras administraciones.
Teniente ha explicado que la reforma de esta ley se va a someter a la consideración de los grupos parlamentarios, y el objetivo es que «se apruebe con el mayor grado de consenso posible».
ANTERIORES LEGISLATURAS
En ese caso, Teniente ha defendido que la realización de dictámenes por parte de Clemente Checa cuando era miembro del Consejo Consultivo, «se refiere a anteriores legislaturas, en el ámbito tanto normativo como interpretativo de la norma».
Un hecho que «responde a un caso de compatibilidad, no solo porque lo dice la norma, sino porque lo dice el que tenía que avalar, interpretar y aplicar esa norma, que es la Consejería de Administración Pública y Hacienda», ha señalado Teniente en alusión al encargo firmado en 2010 por la Junta de Extremadura.
Teniente ha insistido en que se trata de «un hecho normativo e intepretativo que avala la compatibilidad, y que tiene que ver con la anterior legislatura».
Respecto a la actual legislatura, ha recordado que el Gobierno del PP ha realizado «cambios normativos», como las leyes de Gobierno Abierto, de Comunicación y Publicidad Institucional, así como el Estatuto de Cargos Públicos, que «es donde se recogen las incompatibilidades».
En ese sentido, ha precisado que con la nueva ley que regula el Estatuto de Cargos Públicos «ningún miembro del Consejo de Gobierno puede hacer trabajos de producción ni científica ni técnica», supone una «incompatibilidad absoluta y clara» regulada por esta norma.
«Las únicas personas o cargos que pueden acogerse a algún tipo de excepción son los que están en órganos de carácter consultivo», entre los que Teniente ha citado el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social, ya que son organos de carácter consultivo y no vinculantes.
El objetivo es «evitar confusión y ambigüedad», lo cual «obliga a informar tanto al pleno del Consejo Consultivo y a notificar al registro de conflictos de intereses».
