UGT Extremadura ha calificado de «precipitada e insuficiente» la negociación del anteproyecto de ley de Reforma Agraria en la región, que pretende modificar la normativa que regula el sector agrícola, ganadero y agroalimentario, relacionada con el desarrollo rural y con las actuaciones públicas en explotaciones agrarias; así como derogar 11 leyes.
El sindicato ha asegurado que un «proyecto de esta envergadura necesita un intenso trabajo de análisis y negociación con los representantes del sector», algo que «no se ha producido con el tiempo y el rigor necesario».
El secretario de Organización de la FITAG-UGT Extremadura, Leocadio Núñez, ha hecho estas valoraciones este martes en la Comisión del Consejo Económico y Social, que trabaja en la elaboración del dictamen del anteproyecto de ley de Reforma Agraria de Extremadura.
Núñez ha considerado que la ley «debería incorporar y adaptar todo el desarrollo normativo que actualmente está pendiente de publicación en lo referente a la reforma de la PAC 2014-2020, así como su posterior desarrollo legislativo a nivel europeo y nacional».
También ha destacado que «no se ha establecido un consenso previo», sino que «la Administración ha elaborado un texto muy cerrado y sobre el que plantean trabajar».
Ha asegurado que «no se ha estructurado un procedimiento para que el sector y los agentes sociales puedan opinar sobre las prioridades y estructura de la futura ley».
Además, «la falta de memoria económica» «lleva a pensar que esta futura ley tiene un marcado carácter electoralista y propagandístico».
Asimismo, para UGT el anteproyecto de ley no entra a resolver «los principales problemas del sector», como son la financiación y la formación de los agricultores y ganaderos «para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado».
También «es reseñable la ausencia en el texto del objetivo de avanzar hacia una mayor igualdad entre hombres y mujeres».
Finalmente, Núñez ha manifestado «que es preciso regular los sectores agrícolas y ganaderos para que nadie especule con ellos, para que se mantengan y para que miles de agricultores y ganaderos no sean expulsados de su actividad».
