CCOO valora la resolución aprobada en la Asamblea contra la criminalización de la huelga y los sindicatos

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CCOO de Extremadura ha valorado positivamente la resolución que ha aprobado hoy la Asamblea de Extremadura en apoyo a la campaña que CCOO y UGT vienen desarrollando contra la criminalización de la huelga y los sindicatos.

Esta resolución ha contado con los votos a favor de los grupos parlamentarios del PSOE, IU y PREX-CREX y la abstención del PP.

 

En su texto, aprobado también en términos similares en otras comunidades autónomas resalta que el derecho constitucional a la huelga está siendo obstaculizado y debilitado por las autoridades públicas, tal y como se desprende de la gran cantidad de procesos administrativos y penales abiertos contra trabajadores y trabajadoras que han participado en las movilizaciones de manera legítima en los últimos años.

 

Desde el sindicato han recordado que el pasado 9 de julio, delegados y delegadas de CCOO y UGT se concentraron en Badajoz, como lo hicieron otros miles en diversas ciudades de España, para protestar ante la ofensiva del Gobierno del PP contra el derecho a la huelga y la criminalización de sindicalistas por ejercer este derecho.

 

En España, casi 300 sindicalistas están sometidos a un proceso judicial, algunos incluso con petición de penas de 8 años de cárcel, tan solo por el hecho de sumarse a alguna de las huelgas convocadas estos años, y en Extremadura, aunque no hay ningún acusado, sí que se han puesto sorprendentes obstáculos al ejercicio de este derecho básico.

 

La resolución aprobada por la Asamblea de Extremadura insta al Gobierno a garantizar que el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores no se vea limitado por los ministerios de Interior y Justicia y que se paralice cualquier tipo de actuación de carácter administrativo, legislativo o penal, tendente a limitar este derecho.

 

Además se reclama la protección del derecho sindical a ejercer actuaciones reivindicativas en defensa de los trabajadores y que se derogue el artículo 315.3 del Código Penal que está siendo utilizado de forma sistemática y abusiva por la fiscalía para restringir el ejercicio del derecho de huelga.


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