Extremadura pedirá al Gobierno que busque una solución para los afectados por el fraude filatélico

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El Pleno del Parlamento de Extremadura ha aprobado por unanimidad una iniciativa de todos los grupos, por la que se insta al Gobierno central a buscar una solución que permita a los afectados por el “fraude” filatélico avanzar hacia la finalización de los procesos judiciales en curso.

Asimismo, los grupos piden al Ejecutivo español, a través de esta propuesta de pronunciamiento, que contemple la propuesta de solución planteada por la plataforma constituida por los afectados.

 

De esta forma, el Parlamento autonómico ha mostrado su “apoyo y solidaridad” con los pequeños ahorrados afectados por el “fraude” de las empresas Fórum Filatélico S.A., Afinsa Bienes Tangibles S.A. y Arte y Naturaleza Gespart S.L.

 

La diputada del Grupo Socialista Emilia Guijarro ha manifestado que “los afectados, muchos de ellos extremeños”, se sienten “perjudicados” por la “dilatación larga de esta resolución judicial”.

 

Según ha señalado, la justicia “hasta ahora solo ha reconocido” la devolución del diez por ciento de sus ahorros a los afectados, y el cinco por ciento de Afinsa en el caso de filatelia, y ha declarado que el Estado “no tuvo ninguna responsabilidad en lo ocurrido”, según la sentencia firme del Tribunal Supremo que se dictó en diciembre de 2010.

 

Sin embargo, la socialista ha apuntado que los afectados han llevado a cabo “innumerables” manifestaciones para “tratar de conseguir una solución judicial y política a la situación”, para lo que se han agrupado en distintas plataformas.

 

Ante la perspectiva, ha dicho, de que los procedimientos judiciales “sigan dilatándose en el tiempo”, el PSOE ha considerado que el Estado debe plantear cuanto antes una solución “razonable, eficaz y justa” a “este grave problema social”.

 

TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO

 

El portavoz del Grupo de IU, Pedro Escobar, ha resaltado que los afectados fueron “víctimas del fraude, del engaño y de la estafa, y por ello, ha abogado por que el Estado “tome cartas en el asunto”.

 

En este sentido, ha indicado que ha habido una “evolución relativamente favorable” con el tema de los preferentes, un asunto que a su juicio, está “encarrilado” y ha habido “una respuesta”, mientras que el del “fraude” filatélico está “enquistado”, ha apostillado.

 

Al respecto, el diputado de IU ha considerado que la plataforma constituida por los afectados ha hecho una propuesta al Gobierno español que, en su opinión, “podría desatacar el tema y podría abrir una puerta para la solución”.

 

Por su parte, el portavoz de PREx-CREx, Damián Beneyto, ha considerado que es de “justicia el que alguna vez se pueda subsanar el fraude y la estafa que sufrieron un montón de españoles”, quienes, ha añadido, “perdieron sus ahorros”.

 

Por eso, ha considerado “importante” exigirle al Gobierno central que “no se olvide” de estas familias, y que “judicialmente la cosa siga adelante” y que “se cree algún tipo de posibilidad para que de alguna manera estas familias puedan resarcirse un poco de ese dinero que prestaron”.

 

“Aquí estamos hablando de estafa, aquí estamos hablando de fraude”, ha manifestado el regionalista, y por eso, le ha dicho a los 16.000 afectados en Extremadura que los diputados regionales van a exigir al Gobierno central que tome las medidas para “paliar en todo lo posible, la estafa, el robo y el fraude que sufrieron hace ya ocho años”.

 

 Por último, ha intervenido la diputada regional del PP María Paloma López, que ha considerado que la actuación de los poderes públicos “debe ser respetuosa” con los marcos jurisdiccionales abiertos, con el procedimiento concursal y con las decisiones que al respecto se adopten.

 

No obstante, ha añadido que los poderes públicos tienen una “obligación genérica” de ayudar a aquellos que sufren y a los que “injustamente” se encuentran afectados por una “situación de estafa”.

 

Por ello, ha calificado de “razonable” la propuesta de pronunciamiento, de la que ha dicho que se suma a las presentadas y aprobadas en otros parlamentos autonómicos, y con la que se pretende “abrir una vía de solución a un problema que lleva enquistado muchos años y que afecta en Extremadura a 16.000 familias, centradas “sobre todo” en zonas rurales.


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