La demanda presentada por la organización agraria APAG Extremadura Asaja contra la implantación de las guarderías rurales llega este lunes a juicio, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Mérida, en el Palacio de Justicia de Mérida.
La organización agraria considera la tasa de esta guardería rural un «abuso de los ayuntamientos hacia los agricultores», así como un «perjuicio económico» para los propietarios de las explotaciones.
En concreto, este juicio se centra en la decisión del Ayuntamiento de Puebla de Alcocer y el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación de Badajoz, como entidad que cobra la citada tasa.
La organización agraria señala en una nota de prensa que no le ha quedado «más remedio» que acudir a la vía judicial «tras agotar todos los intentos de diálogo» con el alcalde de la citada localidad, que «se negó en todo momento a establecer conversaciones para llegar a un acuerdo entre las partes e intentar buscar vías de solución al abuso que se está produciendo».
Según APAG Extremadura Asaja, esta situación se produce también en otros municipios de la provincia de Badajoz que han seguido «el camino de expoliar los bolsillos de los agricultores y ganaderos para un servicio ineficaz, mal prestado y que sólo tiene como objetivo el afán recaudador de los ayuntamientos y cargar con más impuestos al mundo rural».
En este sentido, la organización señala que el servicio de vigilancia «cuando se produce, se realiza en muchos casos en horario de mañana, que es precisamente cuando los propietarios se encuentran en sus fincas y, por lo tanto, durante esas horas no se producen los robos».
Así, consideran que «otra cuestión sería si se establecieran unos horarios más adecuados, sobre todo por la tarde y por la noche, que es cuando se producen la gran mayoría de hurtos y daños».
