CCOO y UGT han mostrado su rechazo el anteproyecto de Ley Agraria de Extremadura presentado por el Gobierno regional porque, según ambos sindicatos, no ha sido negociado previamente con los agentes sociales y empresariales afectados y porque margina a los cerca de 60.000 trabajadores y trabajadoras del campo que trabajan en ese sector por cuenta ajena.
La posición de los sindicatos, añaden, se refuerza ante el dictamen negativo del Consejo Económico y Social frente a este proyecto que coincide también en que “tratándose de una ley tan extensa y complicada” debería de haberse contado “con los agentes sociales y económicos y los actores protagonistas del agro autonómico“
Esta recomendación, continúa el dictamen, se hace “no sólo por cumplir los preceptos legales del Estatuto de Autonomía, la Constitución Española y la Ley de Participación Institucional, sino también para que el texto que regule la agricultura en Extremadura nazca fruto del consenso y del acuerdo”.
Las Federaciones Agroalimentarias de UGT y CCOO han reclamado al Ejecutivo extremeño que detenga los trámites de la ley por las vías actuales y abra una mesa de negociación con los sindicatos y las patronales agrarias para que estos puedan contribuir a mejorar el texto y corregir sus errores antes de que sea presentado a la Asamblea.
La tramitación de esta ley, señalan ambos sindicatos, “es un nuevo ejemplo de cómo el Gobierno de Monago se olvida de los casi 60.000 trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena del campo en Extremadura al no escuchar su ni la opinión de sus representantes, preocupados fundamentalmente por el empleo y las condiciones laborales en el sector”.
La relevancia de esta ley para la economía extremeña y para la fijación de población en el medio rural, añaden, debería hacer reflexionar a la Junta de Extremadura sobre la necesidad de abrir un proceso real de Diálogo Social y no limitarse simplemente a un periodo de exposición pública y presentación de alegaciones.
Para los sindicatos, “ante un sector tan amplio, complejo y transversal, lo más indicado hubiera sido realizar un gran debate que hubiera desembocado en un amplio acuerdo sobre qué modelo de agricultura queremos, más aún cuando se abre ahora un nuevo periodo de aplicación de fondos europeos”.
Sin embargo, la precipitación y urgencia con la que el Gobierno ha planteado su tramitación ha llevado a que se presente un texto cerrado sobre que el que es imposible hacer cambios estructurales y de calado. Este error no ha sido cometido por otras comunidades autónomas donde si se ha contado con los agentes sociales y económicos de los sectores implicados para la elaboración de la ley.
