Ante los comentarios en las redes sociales en los que se afirma que en “breve”, se pondrá en funcionamiento la gasolinera de la Plaza Juan Ramón Jiménez de Cáceres, la Plataforma Ciudadana de afectados ha mostrado de nuevo su total rechazo a permitir que se ponga en servicio una gasolinera en el centro de una urbanización, “simple y llanamente, por motivos de seguridad y salud”.
Asimismo han indicado que ya han entregado toda la documentación solicitada por la Junta, “reconociendo, incluso, que han tenido que justificar cosas que no figuraban en el proyecto, además de comentarios, cuando menos fantasiosos, de que su gasolinera será la más segura de Cáceres y de toda Extremadura”.
La plataforma se ha preguntado “cómo pueden tener los empresarios la desfachatez de decir que una gasolinera, sin ningún trabajador que vele por que se cumpla la normativa vigente, en cuanto al proceder en los reportajes y posibles incidentes puntuales que puedan surgir, sea la más segura de Extremadura?; ¿no es eso un claro menosprecio a los trabajadores del resto de gasolineras convencionales?”
También se han preguntado “si realizarán sus cámaras de video-vigilancia las acciones que en caso de peligrosidad realizan los empleados de las gasolineras; si se puede confiar la seguridad de un depósito de 60.000 litros de combustible altamente explosivo e inflamable a la mera vigilancia de unas cámaras, o dejar al libre albedrío que cualquier persona en malas condiciones físicas o síquicas pueda producir cualquier percance”.
Y todo ello, añaden, durante las 24 horas del día, “¿a eso se le puede denominar seguridad?”, se pregunta la plataforma.
La Plataforma he hecho de nuevo un llamamiento “a la cordura de los poderes políticos quienes tienen en sus manos la posibilidad legal, de no permitir su apertura, pues les hemos dado datos más que suficientes en el informe pericial remitido, de la inviabilidad, ilegalidad e inseguridad de la misma. La Junta de Extremadura, por tanto, sabe sobradamente de ellos”.
Especialmente, han hecho un llamamiento al máximo responsable del Ejecutivo Extremeño, José Antonio Sr. Monago, pidiéndole, una vez más, “que tenga en cuenta la Resolución aprobada por la mayoría absoluta de la Asamblea de Extremadura, así como las más de 4000 firmas de extremeños que han apoyado esta causa y que no se conceda la licencia de apertura a un negocio que no sólo no crea ni un solo puesto de trabajo, sino que ha creado una alarma social importante, y sobre todo la intranquilidad y desasosiego de los 1200 vecinos que viven en las inmediaciones, por cuya salud y seguridad tienen la obligación de velar”.
