Desde el pasado 11 de marzo la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía ha negociado el anteproyecto de Ley Agraria de Extremadura con las organizaciones agrarias, cooperativas, grupos parlamentarios y sindicatos, para llevar a cabo la elaboración del documento y para que aporten sus sugerencias a la normativa.
La consejería ha respondido de esta formas a las críticas de CCOO y UGT sobre este anteproyecto ya que, según ambos sindicatos, no ha sido negociado previamente con los agentes sociales y empresariales afectados y porque margina a los cerca de 60.000 trabajadores y trabajadoras del campo que trabajan en ese sector por cuenta ajena.
Según ha indicado al consejería, se trata de una ley que pretende, sobre todo, hacer la vida más fácil a agricultores y ganaderos, ajustando en un solo documento las necesidades de un campo del siglo XXI, y derogando un conjunto de normativas obsoletas.
Esta nueva ley contempla además, la regulación de elecciones al campo, un aspecto que parece no gusta a determinados partícipes de esta negociación, que insisten en que se trata de un proceso precipitado para una ley extensa y compleja, y es el factor fundamental por la que la quieren demorar.
Hay que recordar que la mayoría de las sugerencias de todas las partes con las que la Consejería ha debatido esta normativa han sido recogidas en el texto. En todo caso, como toda ley, debe ser modificada y mejorada en su tramitación parlamentaria.
El proceso negociador ha sido siempre transparente, informando a todas las partes en mesas técnicas y recogiendo la mayor parte de las aportaciones que han presentado.
